Durante el segundo trimestre de 2018, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 13.384 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 68,4%  (9.149) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,2 puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2017, que representaron un 67,2% del total.

Según los datos estadísticos dados a conocer este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 85,8%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 83,6%. Un 58,6% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias.

Estas cifras suponen incrementos de entre uno y dos puntos respecto a las del mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, revelan la gran diferencia del porcentaje de condenas según los casos recaigan en un juzgado especialista o en uno de lo penal.

Respecto del número de denuncias. En el segundo trimestre de este año 40.232 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 42.077 denuncias presentadas en los órganos judiciales.

Las denuncias presentadas suponen una disminución del 1,4% con respecto a las denuncias que se presentaron en los órganos judiciales en el mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.689. Asimismo disminuyó en un 0,3% el número de mujeres víctimas de violencia de género ya que en el segundo trimestre de 2017 fue de 40.366.

Sin embargo, la cifra supone el tercer máximo histórico en denuncias en un trimestre y trae un incremento trimestral (el anterior fueron 39.586 las denuncias presentadas). Cada día, de media, 447 mujeres interpusieron en el segundo trimestre del año una denuncia como víctimas de malos tratos en España. En 2017 la media de denuncias diaria se situó en 456, el máximo histórico.

En el segundo trimestre de 2018, de las víctimas, 27.477 mujeres eran españolas (un 68,3 %) y 12.755, extranjeras (un 31,7 %).

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que fue de 16,89, las comunidades de Baleares, con una ratio de 26,13, Comunidad Valenciana, con una tasa del 22,14, Murcia, con 21,33 y Andalucía, con una tasa ligeramente superior a 20, mientras que la ratio más baja se dio en Castilla y León, con 10,25, Extremadura, con 11 y Galicia, con 11,50.

Más de un 67% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de los correspondientes atestados policiales. Lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año anterior.

Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16% de los casos –dato levemente superior al año anterior- constatándose un importante incremento en las denuncias presentadas por familiares directamente ante los órganos judiciales (152 frente a 99 del año anterior), aunque el porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares ante la policía (747, frente a 727 el año anterior), siga siendo aún bajo, apenas un 2,1% del total.

Algo más de un 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5,2% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.

En 4.426 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 11% del número de mujeres víctimas, cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 10,3 %.

En 2.891 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.535 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,03) que en las mujeres españolas (10,52).

Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 11.279 órdenes de protección en los órganos judiciales, disminuyendo así la cifra de 11.776 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.

Un total de 9.906 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,28% respecto al segundo trimestre de 2017, en que se solicitaron 10.242 órdenes de protección.

Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,8% de las órdenes de protección solicitadas (6.714 adoptadas frente a 9.906 solicitadas), previstas en los artículos 544 ter y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un dato similar al del primer trimestre del año anterior, en que se concedió el 67,9% de las órdenes de protección solicitadas. En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.373), se acordaron 1.021, un 74%.

Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el segundo trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.267 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género, incrementándose así la cifra de 4.138 medidas adoptadas el año anterior.

De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.145) y de prestación de alimentos (1.357). En 345 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 194 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección se acordaron 16.272 (frente a las 16.217 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.194 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.206 casos. Se adoptaron asimismo 352 medidas privativas de libertad.

En este segundo trimestre del año se ha detectado un descenso en el número de menores enjuiciados, 74, frente a los 84 menores del segundo trimestre de 2017.

La presidenta del observatorio judicial contra la violencia de género, Ángeles Carmona, destaca el aumento de las condenas a maltratadores: "Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona", ha asegurado.