El BNG remitirá un escrito a la Mesa del Parlamento para impugnar la decisión de volver a nombrar a los tres representantes de la Cámara gallega encargados de defender en el Congreso la proposición de ley que partió, por unanimidad, de la Cámara autonómica, para reivindicar el traspaso a la comunidad de la AP-9.

De ello ha informado en un comunicado, en el que censura la decisión ratificada este martes en la Xunta de Portavoces y esgrime que puede sustentar su postura con "argumentos".

En primer lugar, recuerda que los representantes del Parlamento para defender esta iniciativa en el Congreso ya fueron designados por la Cámara el 15 de marzo de 2016, momento en el que quedó aprobado el texto legislativo. Posteriormente, para tratar sortear el veto a su debate del Gobierno que entonces dirigía Mariano Rajoy, se aprobaron dos leyes más.

En base al acuerdo unánime de 2016, el BNG recalca que las personas encargadas de defender la posición de Galicia eran Jesús Antonio Goldar por el PP; Raúl Fernández por el PSdeG y Ana Pontón por el BNG, "nombramientos que fueron comunicados a la Mesa de la Cámara baja ese mismo día" en un escrito remitido por el jefe del Legislativo, Miguel Santalices.

"Nada hay en el reglamento de la Cámara gallega que obligue a remover estos nombramientos para designar otros nuevos", inciden los nacionalistas.

"EL ASUNTO NO FIGURABA EN EL ORDEN DEL DÍA"

Como segundo argumento, el BNG impugnará la decisión de la Xunta de Portavoces toda vez que el asunto "no figuraba en el orden del día, ni siquiera en asuntos pendientes". "Por contra, los únicos nombramientos pendientes relacionados con la ley de la AP-9 corresponden al texto aprobado en 2018", esgrimen los nacionalistas.

En tercer lugar, alegan que el texto legislativo de 2016 "fue promovido y redactado" por la actual portavoz parlamentaria, Ana Pontón, por lo que sería "un sinsentido" que el grupo impulsor de la iniciativa legislativa quedara excluido de su defensa en el Congreso.

El Bloque recuerda que ya ha propuesto llevar a cabo una modificación del reglamento de la Cámara para garantizar que el grupo parlamentario que promueve una determinada iniciativa legislativa forme siempre parte de la delegación que después defienda ese texto en el Congreso.