Tienda de pájaros en la Rambla de Barcelona.
Una imagen de archivo de un antiguo puesto de venta de pájaros de La Rambla. ARCHIVO

Después de que en 2010 el Ayuntamiento obligara a los expajareros de La Rambla a transformar sus puestos en negocios dirigidos al turismo por violar la normativa de protección de animales, de que al año siguiente comunicara su intención de eliminar las tiendas reconvertidas y de enredados litigios judiciales desde entonces, el gobierno de Ada Colau en Barcelona ha avanzado un paso más para suprimirlas.

Según han explicado este martes fuentes municipales, la semana pasada la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat aceptó la petición del Consistorio "para poder revisar de oficio los procedimientos administrativos que permitieron convertir los negocios de venta de pájaros" en espacios donde se pueden vender souvenirs, entradas y alimentos para el consumo en la calle. Esta revisión, han señalado, tiene que "confirmar la posibilidad de declarar nula" esa autorización y "sería el primer paso para poder avanzar en la revocación de las correspondientes licencias", concedidas por el Institut Municipal de Mercats.

"Desde el Ayuntamiento ya se ha firmado la nulidad de todos estos actos administrativos", han añadido, y han recordado que el Plan Especial para reordenar La Rambla que prepara el equipo de Colau –prevé presentarse entre este mes y el que viene– establecerá que los puestos, un total de 11, deben desaparecer. Los principales motivos: que "no responden al interés general" y que suponen una sobre ocupación del espacio público.

Han explicado, por otro lado, que la vía que ha abierto la Generalitat permitirá al Consistorio indemnizar a los comerciantes en función de las licencias que tenían como pajareros y no de las actuales, lo que abaratará las compensaciones económicas, cuyo importe no han concretado.

"Como gobierno municipal nos hemos ofrecido para hacer todo el acompañamiento necesario a las personas afectadas por la desaparición de estos espacios de la Rambla, tanto a los concesionarios directos como a los empleados de los titulares de las concesiones", han asegurado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Antiguos Pajareros, Mónica Trias, ha hecho saber que en un "plazo máximo de dos meses" presentarán un recurso contencioso-administrativo contra las últimas y futuras acciones del Consistorio y plantearán, mientras se resuelve, medidas cautelares.

"Cambiamos de actividad porque el Ayuntamiento quiso", se ha quejado, ha destacado que el cierre de los puestos afectaría a "80 trabajadores y a sus familias» y ha asegurado que no aceptarán "ninguna solución" que suponga abandonar sus negocios. "Nos quieren hacer creer que por nuestra culpa La Rambla se ha deprimido y no es así. Hacía años que no robaban tanto", ha añadido.

Además, Trias ha culpado principalmente a la asociación de vecinos y comerciantes Amics de La Rambla de que el Consistorio quiera cerrar sus puestos. "Dicen que hacemos competencia al resto de tiendas y la ambición me parece muy lícita, pero no a costa de hacer daño a alguien", ha dicho.

El presidente de Amics de La Rambla, Fermí Villar, ha reconocido que siempre han sido "muy críticos" con estos puestos y lo ha atribuido, sobre todo, a que "pagan por una licencia de mercado municipal y no por una de mercado inmobiliario", como el resto de comercios.

También ha denunciado que "dificultan el paseo" y "el espacio público es espacio público".

Villar ha calificado de "buena noticia" que la Generalitat haya dado permiso al Ayuntamiento para seguir con los trámites para cerrar los puestos, aunque ha lamentado que el cierre "no será inmediato".

Demanda municipal desestimada

En 2011, el Ayuntamiento interpuso una demanda para eliminar el convenio que permitió la reconversión de los puestos de los pajareros, al considerar que podía suponer infracciones contra la Ordenanza Municipal de Mercados, el Plan de Usos de Ciutat Vella y el Plan Especial de ordenación de los establecimientos de venta de souvenirs.

Esta fue desestimada y por ello el Consistorio decidió solicitar a la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat la revisión de oficio.

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