El TSJC cita a declarar a Buch y Lloveras como investigados por promover el 1-O entre los alcaldes

  • El magistrado del TSJC, Jordi Seguí, ha citado a Miquel Buch como expresidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM).
  • También ha citado a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).
El conseller Miquel Buch y la alcaldesa Neus Lloveras en una imagen de archivo.
El conseller Miquel Buch y la alcaldesa Neus Lloveras en una imagen de archivo.
Europa Press - Archivo
El conseller Miquel Buch y la alcaldesa Neus Lloveras en una imagen de archivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como investigado para el próximo 6 de noviembre al conseller de Interior, Miquel Buch, acusado de un delito de desobediencia por promover el 1-O entre los alcaldes cuando presidía la Asociación Catalana de Municipios (ACM).

Además de Buch, el magistrado del TSJC Jordi Seguí ha citado para el mismo día a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, para interrogarla en calidad de investigada según ha apuntado ella misma en su cuenta de Twitter.

La querella se remonta a septiembre de 2017y fue impulsada por la Fiscalía Superior de Catalunya cuando Buch era presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y Lloveras de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), dos cargos que ya no tienen.

Ambos exlíderes de las entidades municipalistas soberanistas están investigados por un delito de desobediencia, ya que el TSJC descartó que se les pueda imputar malversación y prevaricación por su papel en el 1-O, como pretendía el ministerio público.

La Fiscalía presentó en vísperas del referéndum su querella contra Buch, que entonces estaba al frente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), y contra la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, por emplazar a los alcaldes a facilitar locales para celebrar el 1-O.

El mismo mes de septiembre del año pasado, el TSJC admitió a trámite la querella, sólo por un delito de desobediencia, y acordó citar a declarar como investigados a Buch y a Lloveras, aunque sin fijar una fecha, a la espera de que la resolución fuera firme.

Cuando el Supremo asumió la causa por rebelión contra los líderes independentistas, el TSJC le remitió la investigación sobre Buch y Lloveras, para evitar "resoluciones contradictorias" y posibilitar "la investigación y enjuiciamiento conjunto" del caso relativo al "procés".

Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Pablo Llarena rechazó incluir en su causa por rebelión las diligencias contra Buch y Lloveras y las devolvió al TSJC, "sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que aquí se depura", según sostenía en su auto.

En la exposición razonada que remitió al juez Llarena para que asumiera la causa contra Buch, el magistrado instructor señaló indicios de que el conseller de Interior y ex alcalde de Premià de Mar (Barcelona) incurrió en un delito continuado de desobediencia por promover el 1-O en los ayuntamientos.

Entre los indicios que el juez aprecia contra Buch y Lloveras -que ya no es diputada-, figura un correo que, en su condición de presidentes de la ACM y la AMI, enviaron el pasado 6 de septiembre a los alcaldes de Cataluña donde "se les indicaba que debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación, al tiempo que se les facilitaba un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum", según apuntaba el magistrado en su escrito.

Seguí sustenta su investigación en otro correo que Buch y Lloveras remitieron el 12 de septiembre a alcaldes catalanes "bajo el rótulo 'material de campaña para el referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de sendos carteles de fomento de la participación y -en el caso de la AMI- de defensa del voto afirmativo".

En la causa, se indaga también un tercer correo enviado por Lloveras -alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que en febrero pasado dimitió de su cargo de presidenta de la AMI y anunció que abandonaba la política-, con un informe en que el colectivo Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local por la Independencia defendía la legalidad de la consulta.

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