En concreto, el alcalde linarense ha planteado por separado tres actos de conciliación que son preceptivos antes de otras tantas querellas criminales por los motivos citados contra Reyes; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Linares y vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, y el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, según ha explicado Juan Fernández a Europa Press.

El alcalde ha indicado que el pasado miércoles se notificó al secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que está citado para dicho acto de conciliación en un juzgado de Linares el próximo 20 de noviembre, sin que por el momento haya trascendido la fecha de los otros dos actos de conciliación pendientes de fijarse y que atañen a Daniel Campos y Pilar Parra.

Fernández ha indicado que, en la cita del 20 de noviembre, Reyes tiene "tres opciones", que son las de "ratificar lo que dijo acerca de que yo había sustraído dinero del PSOE, rectificar lo dicho, o no ir", y en todo caso se ha reafirmado en señalar que los dirigentes socialistas que se han querellado contra él "no llevan razón" y son unos "traidores y malignos".

Cabe recordar, en ese sentido, que el alcalde ha venido tachando hasta ahora de "absolutamente falsas" las razones esgrimidas para su expulsión de las filas socialistas, especialmente, las relativas a apropiación de fondos. Así, ha situado lo ocurrido en una estrategia para quitarlo "del medio", ya que "estorba" al criticar los incumplimientos de las administraciones con Linares, especialmente, de la Junta.

Este viernes, Fernández ha indicado a Europa Press que probablemente en la dirección del PSOE de Jaén "se pensarían que no iba en serio" en su intención de querellarse contra Reyes, Parra y Campos, hasta que ha llegado la fecha del acto de conciliación del 20 de noviembre.

Fernández ha llamado también la atención acerca de que la querella que le han puesto a él "la pone el PSOE y no Reyes" o un dirigente socialista en concreto, porque "no tienen coraje" para hacerlo, según ha opinado, al tiempo que ha incidido en señalar que dicha querella del PSOE es una "respuesta de despecho a la comunicación que recibió Reyes anteayer" con la fecha del acto de conciliación.

QUERELLA SOCIALISTA

En concreto, el PSOE presentó este jueves en el Juzgado de Instrucción de Linares una querella contra Juan Fernández y Juan Sánchez por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida, administración desleal y estafa "mediante los que han podido hacer suyos más de 113.000 euros pertenecientes a la agrupación municipal", de los que 100.300 euros corresponderían al regidor.

La denuncia, según informó en una nota el PSOE, se sustenta en la auditoría de las cuentas realizada por una empresa externa tras la elección de la nueva Ejecutiva Municipal en noviembre de 2017, en la que fue elegido secretario general Daniel Campos en sustitución del propio Fernández.

La empresa auditora analizó las cuentas de la agrupación y emitió un doble informe en el que "se pone de manifiesto una operativa presuntamente criminal de cada querellado".

En el caso del alcalde, "se constata que desde enero de 2013, y durante cinco años, se ha retribuido a sí mismo mensualmente 1.700 euros provenientes de cuentas bancarias que se nutrían de las asignaciones que el Ayuntamiento de Linares destinaba al Grupo Municipal Socialista".

Ese cobro mensual "se repitió nada menos que durante 59 ocasiones, lo que podría haber reportado a Fernández la cifra de 100.300 euros". En el expediente disciplinario interno, incoado por el PSOE y que desembocó en su expulsión del partido, "Fernández fue incapaz de ofrecer una explicación cabal y razonable del destino del dinero que había venido recibiendo durante más de cinco años".

En el caso de Juan Sánchez, entonces secretario de Organización, la mecánica consistió en detraer, mensualmente, la cantidad de 600 euros, que se quedaba para sí mismo, "por lo que la suma total apropiada ascendería a 13.200 euros". En el expediente disciplinario incoado, tampoco pudo justificar el supuesto aprovechamiento.

"No existe acuerdo alguno, de ningún tipo, adoptado ni por la Comisión Ejecutiva Local del PSOE ni por la Asamblea del PSOE de Linares, ni por ningún otro órgano del PSOE, local, provincial, autonómico ni nacional, que autorizara o acordara remunerar a Fernández y Sánchez con cantidad económica alguna", se recalca en la denuncia.

Todos los hechos puestos en conocimiento del juzgado fueron conocidos tras la renovación de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Linares, que encargó una auditoría externa para tener un conocimiento exacto y fiel de la situación económica de la Agrupación.

"Nuestra obligación era no mirar hacia otro lado y eso es lo que hemos hecho, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de comportamientos que no tienen cabida en este partido y que no vamos a tolerar ni a silenciar", han subrayado desde la Comisión Ejecutiva Municipal.

SALIDA Y NUEVO GOBIERNO

Tras su expulsión del PSOE, Fernández mantiene la Alcaldía como no adscrito con un nuevo gobierno municipal formado por otros concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que han asumido concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas sí participa en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.

En concreto, la Comisión Ejecutiva Federal determinó a principios de agosto su expulsión en el marco del expediente abierto en abril por la dirección local. Lo hizo tras considerar "probada la comisión de tres faltas muy graves".

La resolución aludía a una "indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido", así como a haber rebasado "sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad para con el partido", al "menoscabar la imagen" de cargos públicos o instituciones.

En tercer lugar, señalaba "falta de probidad y de honradez" con una "irregular administración de los fondos del partido", ya que "desde 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad" y "sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la agrupación".

Precisamente este último asunto es el que el PSOE lleva ahora al juzgado. Antes, lo había trasladado ya la Agencia Tributaria, ante la que la agrupación linarense registró el 22 de agosto una denuncia pidiendo que investigue "si los 1.700 euros que sustraía mensualmente de la cuenta del partido eran declarados a Hacienda".