ANV asegura que estará en las elecciones

  • Afirman que "la estrategia de ilegalizaciones ha fracasado".
  • Han acusado al PSOE de "alinearse con los herederos del franquismo".
  • También han anunciado una manifestación este domingo en Bilbao.

Varios cargos electos de ANV han afirmado que "la estrategia de ilegalizaciones ha fracasado" y han asegurado que estarán presentes en las elecciones del 9 de marzo para garantizar el voto independentista.

La formación abertzale ha respondido, en una rueda de prensa convocada en San Sebastián por "cargos electos independentistas", a la resolución de ilegalización dictada por el juez Baltasar Garzón.

La concejal de ANV en Pamplona, Mariné Pueyo, ha acusado al PSOE de "alinearse con los herederos del franquismo para atacar a la izquierda abertzale", al tiempo que ha informado de la celebración el domingo en Bilbao de una manifestación para denunciar las ilegalizaciones.

No comparecen en el Supremo

Por otro lado, los abogados de Acción Nacionalista Vasca (ANV) no se han presentado este viernes en la vista convocada por la sala del 61 del Tribunal Supremo para estudiar las medidas cautelares solicitadas en las demandas de ilegalización de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado contra esta formación.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha informado de que a las 14.49 horas la sala del 61 ha recibido un fax del secretario general de ANV, Juan Carlos González, en el que comunican su no comparecencia.

La vista oral, que se celebra sin la presencia de los letrados de ANV, se ha iniciado a las 16:15 horas después de que la sala especial del TS haya acordado acumular las demandas de ilegalización contra ANV presentadas por la Fiscalía y por los servicios jurídicos del Estado, una vez oídas las partes sobre dicha acumulación, que fue solicitada al Alto Tribunal por el abogado del Estado.

Además de la prohibición de presentar candidaturas a las próximas elecciones generales, las medidas reclamadas son la suspensión de su actividad como partido político, el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos y activos financieros y el de los ingresos que por subvenciones u otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas tenga asignados.

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