Fiscalía de Valladolid ha anunciado la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial que acordó el pasado día 3 de octubre el sobreseimiento del proceso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a diez de los catorce encausados, al considerar prescritos los delitos presuntamente cometidos, según informan fuentes de la propia acusación pública vallisoletana.

La decisión de acudir en casación al Supremo tiene como principal lectura una nueva demora del juicio, ya que la sala queda así atada de pies y manos y no podrá reiniciar la vista hasta que el Alto Tribunal resuelva dicho recurso, al que no se ha sumado el letrado de la acusación popular, Carlos Castro, en representación de la Federación de Vecinos Antonio Machado'.

Éste, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que si bien considera un "error" el auto del tribunal que acordó la prescripción de delitos para diez de los catorce encausados, "precisamente los que más beneficio económico han obtenido", ha justificado su decisión de no acudir al Supremo en su deseo de que el proceso judicial no sufriera más demora, "porque a este paso dentro de veinte años seguiremos sin celebrar el juicio".

Además, y según ha podido saber Europa Press, los letrados de tres de los acusados que no se beneficiaron de esa prescripción, el arquitecto Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a excepción del principal inculpado, el exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, presentarán igualmente recurso de casación, y ello a pesar de que en el auto ahora recurrido ya se les advirtió de la imposibilidad de hacerlo.

A su vez, el letrado de Álvarez Aller, ha presentado escrito ante la Sección Cuarta en el que pide a la sala que coteje la documentación que el Juzgado de Instrucción número 1 le ha hecho llegar con aquella parte del PGOU-12.000 folios y 1.800 planos-que no habían sido entregados antes del juicio ni a las defensas ni al propio tribunal al objeto de que compruebe la misma y en caso de que fuera la requerida, la remita de nuevo al instructor para que éste la haga llegar a las defensas y éstas elaboren nuevos escritos de calificación provisional.

Es decir, el escrito del letrado de Álvarez Aller recuerda el papel de enjuiciador de la Sección Cuarta y no de instructor, función que, según entiende, debe realizar el juez y el Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado que ha instruido la causa a lo largo de los últimos diez años y a los que reclama que sea ellos los que subsanen la falta de documentación denunciada por los defensores.

En el auto ahora recurrido por la Fiscalía de Valladolid, la Sección Cuarta de lo Penal entendía que sí existe prescripción y, por tanto, sobreseimiento libre de la causa en el caso de los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán, José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres, José Luis Mayordomo y el religioso Lino Collazos, los cuatro primeros acusados hasta ahora de falsedad en documento oficial y tráfico de influencias y los otros seis tan sólo por el segundo de ambos delitos.

A los cuatro investigados que han quedado solos en el banquillo se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.