En concreto, Emalsa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de la solicitud de articulación de los mecanismos necesarios para garantizar la retribución de la inversión en el capital social de la empresa de gestión de abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y gestión de estaciones depuradoras presentada ante el Ayuntamiento en octubre de 2014.

Al respecto, exponía en su demanda que el pago de la retribución razonable acumulada entre los años 1993 y 2013 ascendía a 88,7 millones de euros mediante la revisión de tarifas, sin embargo la sentencia recoge que la revisión de tarifas "no puede aplicarse sin alterar el necesario equilibrio financiero que debe mantenerse no solamente para la empresa mixta, sino también para los usuarios del servicio".

En este sentido, incide en que "no" se debe corregir el "déficit" financiero de una empresa concesionaria o mixta alterando la economía de los usuarios al imponerles unas tarifas integradas por costes de unos servicios ya prestados con anterioridad.

Actualmente Emalsa, que gestiona el abastecimiento de agua de Las Palmas de Gran Canaria, tiene un 66 por ciento de capital privado -formado por Valoriza y Saur-, el porcentaje restante pertenece al Ayuntamiento.