Ya lo habían avisado y han dado un paso más para conseguirlo. El PP ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una iniciativa que recoge la idea lanzada a principios de mes por su líder, Pablo Casado, para quitar las subvenciones públicas a aquellos partidos que aliente o justifiquen la violencia en Cataluña.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha explicado que la proposición de reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que han presentado persigue que no se destine "ni un euro público" a aquellas formaciones que justifiquen la violencia o mantengan en sus filas a condenados por delitos "contra la democracia", como los de rebelión, sedición o 'kale borroka'.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la dirigente popular también ha señalado que han registrado otra iniciativa para acabar con las conocidas como 'embajadas' catalanas.

Se trata de una proposición de reforma de la Ley de Acción Exterior para que tampoco se utilice el presupuesto público para financiar "falsas embajadas" que hablen "mal" del país o vayan en contra de la política exterior española.

En su iniciativa, que recoge Europa Press, los populares señalan que los recientes acontecimientos derivados de los intentos de los independentistas de "quebrar la unidad de España" hacen necesario poner el foco de atención sobre quienes, valiéndose de las instituciones y los propios partidos, "pretenden socavar los cimientos de la democracia y la soberanía nacional.

En concreto, la reforma persigue establecer un mecanismo para que el Consejo de Ministros pueda suspender temporalmente o limitar de manera parcial la financiación de fondos públicos estatales que reciben aquellos partidos con personas condenadas por delitos de los citados pero, eso sí, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra ellos para expulsarles.

Se trata, resume el PP, de "un claro incentivo" para que los partidos expulsen de su seno a quienes incurren en "los más graves delitos contra la Constitución y la democracia", y evitar que el erario público pueda ser "fuente de financiación" de tales conductas.

El partido que lidera Pablo Casado plantea que este instrumento para reducir o suspender de manera temporal la financiación a los partidos se podrá iniciar a propuesta del ministro del Interior de turno -dadas sus competencias en materia de partidos políticos-, así como a propuestas del Congreso o del Senado.

En el texto, el PP deja claro que con esta iniciativa no pretenden ilegalizar un partido sino "detener" que la financiación que se le da para cumplir con sus fines democráticos se destine a sufragar la actividad que realicen personas condenadas por delitos contra tales fines y valores democráticos.