El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas acaba de condenar a dos años de prisión a tres ginecólogos del Hospital Materno Infantil como responsables del homicidio imprudente de una mujer que acudió a dar a luz en 2001 y falleció por supuesta negligencia de los facultativos.

 

Los condenados son el jefe de Ginecología y Obstetricia, José Ángel García, quien está en Camerún tras haber sido evacuado del Chad, donde se encontraba cooperando en un hospital de este país, la doctora Margarita Medina Castellano y la médico residente Alicia Martín Martínez.

Condenados a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión

De acuerdo a la sentencia se considera probado que el 14 de agosto de 2001 ingresó de parto Pilar Batista Rodríguez, a quien al amanecer del día siguiente la médico residente con supervisión de la adjunta asistió con fórceps porque se detectó sufrimiento fetal.

Simultáneamente se produjo una hemorragia abundante y desprendimiento prematuro de la placenta, a pesar de lo cual la paciente no fue examinada para comprobar si se había producido la rotura del útero y conocer el origen del sangrado para poder tratarlo.

Las dos médicos dejaron a la mujer a las 7.40 horas en la sala de puerperio con un cuadro de tensión "alarmante", taquicardia, palidez, sudor frío y síntomas claros de una hemorragia que precisaba un tratamiento adecuado como transfusión de sangre, exploración cardiorrespiratoria y tenerla en observación, detalla la sentencia.

El jefe de servicio de guardia aquel día, José Ángel García, fue informado del parto, del sangrado y del desprendimiento de la placenta, así como de los síntomas que presentaba la paciente, pero la mantuvo en el pauerperio sin realizar exploración alguna. A las 8.03 horas de la mañana, dada la gravedad de la paciente, los médicos acudieron y aplicaron el tratamiento, pero ya era tarde, y la mujer falleció.

Así mismo, condena a los médicos, además de a dos años de prisión, a inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años y a pagar, junto a la aseguradora Agrupación como responsable civil directo y como subsidiario el Servicio Canario de Salud, a los hijos y familiares de la fallecida con más de 300.000 euros.

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