Ante la protesta celebrada frente al Parlamento andaluz por un grupo de vecinos del entorno de Tarazona en demanda de que el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), gobernado por el socialista Javier Fernández, asuma la urbanización y equipamiento de esta zona donde las viviendas fueron construidas al margen del planeamiento urbano, el consejo rector constituido para tal aspecto ha avisado de que no se puede "pretender que todo sea gratis, porque el Consistorio no es un banco y no puede ofrecer facilidades de pago según las necesidades particulares de cada vecino".

Mientras el Ayuntamiento de La Rinconada defiende que en el año 2000 reconoció la zona de estas viviendas como suelo urbanizable no consolidado y ha ofrecido plazos de "tres o cuatro años sin intereses" para que los parcelistas aporten las cuantías que correspondan a cada cual para urbanizar las calles de sus viviendas y dotarlas de suministros públicos, el presidente del consejo rector constituido para tal tarea, Francisco José Viejo, ha defendido el acuerdo alcanzado para ello.

Además, ha avisado de que el consejo rector es "el único órgano legítimo que representa a la urbanización", pues "en la última asamblea hubo casi un 60 por ciento de los vecinos que no participaron y lo acordado en un principio cambió tras la aparición de una asociación que no representa a la mayoría de Tarazona y que se niega a negociar nada que no sean obras gratis o financiadas por el Ayuntamiento a crédito de 30 o 40 años, lo que lleva a una situación de bloqueo".

"Esa asociación vende humo con un mensaje vacío de contenido, que parte de un principio imposible y que se sostiene por las dificultades económicas por las que pasan muchos vecinos", destaca Viejo, según el cual en dicho colectivo "están los más radicales de Tarazona, con intereses ocultos que sólo buscan que los vecinos pongan en venta suparcela a la baja, como ya están haciendo muchos, y liquidar el trabajo de los últimos 25 años".

Finalmente, ha avisado de que "todo lo que no sea avanzar en la dirección" del acuerdo alcanzado con el Consistorio "es dar pasos atrás y bloquear el avance hacia la urbanización".

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