La situación política en Cataluña y las acusaciones de adoctrinamiento que han sufrido algunos docentes han afectado a la libertad de expresión de maestros y profesores. Así lo corrobora una encuesta de la Fundació Bofill que pone de manifiesto que un 29,3% de los docentes ha dejado de tratar la actualidad política y social en el aula porque no sabe "cómo se interpretará".

A pesar de que el 70% de los profesores cree que su obligación es abordar estas cuestiones en clase, solo un 12,4% reconoce hacerlo con "total normalidad". En cuanto a las familias, hasta un 70% considera que son temas que hay que tratar en el aula educativamente, pero casi el 27% prefiere que no se aborde, buena parte por miedo a que los docentes trasladen sus creencias al alumnado.

La encuesta se ha realizado a 2.666 docentes y a 9.794 padres y madres precisamente para conocer su opinión alrededor de la polémica que ha generado la situación política en Cataluña en el seno de la escuela, con acusaciones judiciales y presión mediática que ha condicionado la tarea de maestros y profesores.

Los resultados corroboran que el 29,3% de los docentes dice que le gustaría trabajar educativamente la actualidad social y política en el aula, pero que "últimamente" lo evita porque no sabe cómo se intepretará, lo que desde la Fundació Bofill puede indicar "autocensura" o "miedo" derivado de las acusaciones y la presión judicial y mediática que ha padecido el colectivo.

En cambio, un 28,7% de los docentes aprovecha los acontecimientos para trabajar el desarrollo del criterio propio de los alumnos y solo un 12,4% afirma hablar "con normalidad" de las cuestiones políticas y sociales "como hacían antes".

Un 12,2% de los docentes se muestra contrario a hablar de estos temas en la escuela porque un 5% considera que son temas "muy delicados que generan división" y en un 3,3% más, considera que son debates "que no tocan en la escuela". Hasta un 4% opina que los niños se han de mantener al margen de estos debates.

En lo referente a las familias, en un 70% de los casos se muestran partidarias de que las controversias políticas y sociales se aborden en la escuela. Hasta el 54% de los padres y madres defienden que la situación en Cataluña es una "oportunidad educativa" para que los alumnos desarrollen un "criterio propio". Un 15,6% más cree que el docente "tiene el deber" de trabajar educativamente estos temas ya que forman parte de la vida de los niños y jóvenes.

En cambio, un 26,7% de las familias se opone a abordar cuestiones políticas en el aula. En un 13% de los casos es para evitar que los docentes trasladen sus creencias a los alumnos y un 10% más, lo considera "para no abundar en las diferencias". Solo un 3,7% de los progenitores considera que son temas que pertenecen al ámbito familiar.

El profesor de la Facultat d'Educació Enric Prats ha calificado de "mala noticia" el porcentaje de profesores que reconoce autocensurarse pero cree que es una buena noticia que hasta el 70% reconozca que se ha de poder hablar y tengan el apoyo de las familias.

Para Prats, la "polarización" de la situación actual ha propiciado que el maestro "se eche atrás" pero apuesta por pensar en la educación como un trabajo de grupo, no individual, y por tanto, llegar a encontrar el equilibrio donde se pueda revertir el clima actual.

"Es bastante ingenuo", para Prats, pensar que la escuela catalana adoctrina y defiende que si es "en clave democrática, ya está bien". Por eso atribuye a los docentes un papel de "mediador" y pide que asuma una "cierta capacidad de influencia de cara a los jóvenes" pero sin "ningún miedo" sino intentar aprovecharlo para "ampliar la base" y enseñar a "leer el mundo". De hecho, para Prats, esta función la ha de hacer la escuela, no en otro espacio social.

En este sentido, cree que el  maestro ha de ser "imparcial, no neutral" y por tanto, no imponer su posición pero sí mostrarla. Así, puede trabajar temas en clase que tengan vigencia en la vida actual de los jóvenes, porque para Prats, la escuela no puede vivir de espaldas a la realidad. Que un porcentaje de familias pida evitar estos debates en el aula por miedo a la imposición del criterio del maestro, dice Prats, recuerda modelos autoritarios y dogmáticos y por eso apuesta por "imponer principios en clave democrática".

También cree que la función del Departament en estos casos es garantizar que los docentes puedan llevar a cabo su tarea y crear "las condiciones favorables". Por tanto, es necesario que impida que los "abogados entren en las aulas" y también la "política perversa". Para Prats, la escuela no se puede utilizar como "material sensible", un hecho que califica de intolerable.

Prats, que reconoce que la intervención ha atado "de manos y pies" al Departament, cree que se tendría que intentar proteger más de lo que se está haciendo esta función en la escuela.