El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha procesado a tres personas por los atentados del 17 agosto de 2017 en Cataluña, Driss Oukabir, Mohammed Houli Chemlal y Said Ben Iazza, los dos primeros como miembros de la célula yihadista de Ripoll (Girona) y el tercero como colaborador.

El juez achaca a Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta usada en el atentado de Las Ramblas de Barcelona, y a Houli Chemlal, que resultó herido en la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona), delitos de integración en organización terrorista, depósito de explosivos y tentativa de estragos, en este último caso por los planes que tenían de atentar contra lugares emblemáticos como la Sagrada Familia.

A Ben Iazza, detenido en Vinaròs después de los atentados por facilitar material para hacer los explosivos y ayudar en su transporte, solo le imputa un delito de colaboración con organización terrorista.

Según el juez, los tres procesados, junto con los otros siete presuntos terroristas muertos en las localidades de Cambrils (Tarragona), Alcanar (Tarragona) y Subirats (Barcelona), constituyeron un grupo terrorista a partir de 2015 bajo la dirección espiritual del imán Abdelbaki Es Satty que quería "realizar uno o varios atentados de grandes dimensiones, mediante el uso de artefactos explosivos".

"El imán los adoctrinó en el yihadismo radical", recoge la interlocutoria de procesamiento.

El escrito explica los pasos que dieron de 2015 y 2017 y determina que tres meses antes de los atentados se consolidaron en un "grupo cerrado" y empezaron a adquirir materiales para hacer explosivos en la casa de Alcanar.

También detalla que entre los objetivos de los terroristas estaba la Sagrada Familia y recuerda que se ha recuperado una tarjeta de fotos en la casa de Alcanar con imágenes de los jóvenes fabricando los explosivos y de lugares donde no descartaban atentar, como la Torre Eiffel, el Camp Nou, el Estadio Santiago Bernabeu o el Museo Thyssen de Madrid.

La interlocutoria también recoge las búsquedas más comunes que hicieron en internet y que supondrían, según el juez, otros objetivos que tenían en estudio. Entre ellos, destaca la Audiencia Nacional de Madrid, la 'tomatina' de Buñol o la Alhambra de Granada.

Andreu también hace constar la gran cantidad de explosivos que tenían preparados en la casa de Alcanar, que oscilaría entre 200 y 500 kg, además de 108 bombonas de butano y 19 artefactos de mano tipo granada y una faja bomba. Apunta que las bombonas querían "ampliar los efectos de los artefactos". Informes de los expertos en explosivos señalan que, en caso de haberse usado, hubieran "provocado daños de enormes dimensiones".

Pero sus planes se vieron frustrados tras la explosión del chalé en Alcanar, y un día después, el 17 de agosto, Younes Abouyaaqoub arrolló con una furgoneta a "una gran cantidad de transeúntes" que paseaban por Las Ramblas, "centro neurálgico de la ciudad", mientras que otros cinco terroristas hicieron lo mismo en la madrugada del día 18 en el paseo marítimo de Cambrils. Todos resultaron abatidos.

El juez de la Audiencia Nacional detalla que los tres teléfonos móviles de los procesados han sido "determinantes" para incriminarlos y relacionarlos con el resto de los terroristas que murieron. En el caso de Said Ben Iazz, el móvil lo sitúa en la casa de Alcanar, desde donde fabricaron explosivos por un tiempo suficiente como para que el juez considere que "no era ajeno a la actividad".

También recuerda que la furgoneta que protagonizó el atropello masivo de la Rambla estaba alquilada por Oukabir y que hubo 14 muertos y 128 heridos, además de personas que sufrieron "otras alteraciones de la salud" por presenciar los atentados.

En el caso de Houli Chemlal, su implicación queda claramente acreditada por el hecho de ser el único superviviente de la explosión de la casa de Alcanar, donde también murió la imán y otro integrante de la célula.

El delito de integración en organización terrorista prevé una pena de entre 6 y 14 años de prisión. El de fabricación y tenencia de explosivos, de entre 8 y 15 años, y el de estragos, en grado de tentativa, de entre 10 y 15 años. El delito de colaboración con organización terrorista está sancionado con penas que oscilan de los 5 a los 10 años de prisión.

Los delitos por los cuales se sentarán al banquillo de los acusados y las penas solicitadas, sin embargo, los tendrá que fijar la Fiscalía próximamente en un escrito de acusación. Antes, será necesario que el juez instructor dicte interlocutoria de conclusión de la sala y envíe la causa a la sala.