El caso responde a la queja presentada por Ecologistas en Acción ante el Parlamento Europeo por lo que consideran "dejación de funciones" por parte de la Comisión Europea, que el pasado mayo optó por aparcar el expediente abierto contra España por no tomar medidas adecuadas y evitó así llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La organización reclama que se adopten de manera urgente los planes de mejora que exige la normativa comunitaria en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.

En su intervención ante los eurodiputados, un representante de Ecologistas en Acción ha llamado la atención sobre el riesgo para la salud de cerca de "20 millones de personas" por la falta de medidas eficaces en estas doce regiones y ha recordado que España, junto a Italia, es el país de la Unión Europea "más afectado por esta contaminación".

Una representante del Ejecutivo comunitario ha replicado que Bruselas considera que un procedimiento de infracción no es la mejor manera de encarar este problema y ha pasado a enumerar iniciativas como un "diálogo sobre aire limpio" que sus servicios mantienen con Madrid o un taller 'entre pares' que tendrá lugar en noviembre para supervisar la situación.

En el examen del caso por la comisión europarlamentaria han intervenido también los eurodiputados Ángela Vallina (IU) y Florent Marcellesi (EQUO), quienes han criticado la inacción de la Comisión Europea y reclamado que actúe ante la gravedad de la situación.

La queja fue admitida a trámite por la comisión de Peticiones en noviembre de 2017 y la mantendrá abierta al menos hasta recibir una respuesta del Gobierno.