El Estado ha indemnizado con 90.000 euros a los tutores de un joven malagueño discapacitado psíquico y físico que pasó casi dos años en prisión preventiva acusado de haber matado en 2001 a golpes y mordiscos al compañero de un centro para deficientes en Marbella. Fue declarado inocente por un jurado que consideró que su grave incapacidad física hacía imposible que hubiera cometido tal agresión.