El popular, Ignacio Astarloa, aclaró ayer algunos aspectos del "contrato de integración" para inmigrantes, anunciado el miércoles por el líder del PP, Mariano Rajoy. El plan incluiría una reforma del Código Penal para expulsar del país a todo extranjero que cometa un delito menor o que termine de cumplir condena en una cárcel española.

Si se aplicara este plan, al menos 76.000 extranjeros ya estarían en disposición de ser expulsados de España. Se trata tan sólo del número de ciudadanos de terceros países detenidos en un año (2006) por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Orden y legalidad

Ignacio Astarloa aseguró que el "contrato de integración" busca poner "orden, legalidad e integración" en el caos que ha supuesto la política migratoria del Gobierno. Además, avanzó que todos los extranjeros no comunitarios deberán firmarlo cuando hagan la primera renovación del permiso de residencia.

Asimismo, explicó que el PP regulará el uso del velo islámico para evitar que suponga un elemento de discriminación para la mujer y garantizar la igualdad entre sexos.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó de "superfluo" el proyecto del PP, mientras que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que muchas de sus propuestas ya figuran en la normativa vigente. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, definió la propuesta de Rajoy de "humo con un tufo de xenofobia".

Malestar ecuatoriano

Diversos colectivos de inmigrantes criticaron ayer la propuesta popular. El portavoz de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, la consideró "excluyente, reduccionista y electoralista". El presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos en España, Santiago Morales, fue más allá y recordó: "Este tipo de criterios sólo se desarrollaron en la Alemania nazi y en la etapa del apartheid en Sudáfrica".