Soro ha presentado, en rueda de prensa, este acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se regulará el acceso a la vivienda como "un derecho previo, necesario para el ejercicio de los derechos

del Estado del Bienestar", defendiendo así el derecho a una vivienda "digna, adecuada a las condiciones personales de cada uno y a la capacidad funcional de cada persona".

Ha dejado claro que esta no será "una cuestión retórica", sino que "queremos que sea un derecho efectivo", por lo que se configurará como subjetivo, reclamable en sede judicial no solo por parte de los afectados directamente, sino también por "cualquier asociación".

De esta forma, la Ley impone a los poderes públicos la "obligación" de proveer de una "alternativa habitacional" a toda persona que, "en situación de vulnerabilidad", se vea privada de su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria o por falta de pago de la renta. La alternativa podrá ser otra vivienda, pero también prestaciones económicas y, de hecho, se utilizarán "todas las fórmulas para conseguir esta garantía", ha dicho el consejero.

FUNCIÓN SOCIAL

Además, las viviendas deberán ser utilizadas "con fines residenciales y ocupadas", lo que conllevará la posibilidad de expropiarlas, únicamente a grandes tenedores, ha explicado José Luis Soro, quien se ha remitido a las resoluciones del Tribunal Constitucional que avalan preceptos similares de las leyes vasca y navarra. Ha recalcado que no podrán ser expropiadas personas físicas, solo personas jurídicas propietarias de más de 15 viviendas y que, en todo caso, la expropiación es "el último recurso".

Ha apuntado que la relación del Departamento con las entidades financieras "es fluida", que ha habido contactos desde el inicio de la legislatura, y que han negociado varios convenios para la puesta de viviendas en alquiler social.

A juicio del consejero, este debate "está superado" y la regulación aprobada, inicialmente, por el Ejecutivo, a expensas de lo que decidan las Cortes, "nos coloca en la vanguardia, pone a las personas por delante, como objetivo fundamental de todas las políticas de vivienda".

Además, esta normativa guarda "coherencia" con las políticas desarrolladas por Soro, basadas en la promoción de la vivienda de alquiler, que continuará, y la "sensibilidad" hacia los derechos de los consumidores, ya que además regula el derecho a la información, especialmente en los préstamos hipotecarios. Se establece la obligación de acudir a la mediación cuando hay un conflicto.

A través del Fondo de Vivienda Social de Aragón se gestionarán todas las viviendas sociales de las Administraciones públicas. Asimismo, la protección de la vivienda pública alcanzará "toda la vida útil" de estos inmuebles, es decir que "no es posible" descalificarlas para ponerlas en el mercado libre, "especular" con esta regulación.

Por último, ha comentado el consejero, se pondrá en marcha el Observatorio de la Vivienda de Aragón para que la Administración disponga de datos y pueda analizar el mercado para tomar decisiones "fundadas".