Mas, Ortega
Mas, Ortega, Rigau y Homs, llegando al Tribunal de Cuentas en una imagen de archivo. ACN

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dicho este miércoles en el Tribunal de Cuentas que "si tan grave" fue el delito por la convocatoria de la consulta soberanista el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña por qué "ni un solo juez o fiscal actuó para pararla".

Mas, que se ha pronunciado así durante el interrogatorio realizado por el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC) Manuel Zunón, también ha afirmado que nunca fue consciente de cometer ninguna irregularidad en relación al 9-N y ha dicho que en el Estatut está "ampliamente reconocida la posibilidad de participación", y lo esencial era consultar al pueblo catalán .

Durante el juicio por su presunta responsabilidad contable en los gastos del 9-N, el expresidente Mas también se ha referido a la compra de 7.000 ordenadores, adquisición que ha desvinculado de la consulta pese a coincidir con el número de mesas electorales.

Mas ha afirmado que los ordenadores, que supusieron algo más de dos millones de euros, se compraron para mejorar el sistema educativo catalán.

En este sentido, ha aclarado que en 2014 se hicieron 1.414 modificaciones presupuestarias por valor de 1.250 millones de euros "y usted me habla de una partida de 2,8 millones para 7.000 ordenadores. Lo más normal del mundo".

Culpa del juicio por el 9-N a Sáenz de Santamaría y Sociedad Civil

Mas ha considerado que el juicio en el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9N responde al "espíritu de venganza" de los abogados de Sociedad Civil y de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ya dijo que este referéndum "lo pagaríamos nosotros y de nuestros bolsillos".

"Nos quieren inhabilitados y arruinados", ha subrayado el expresidente catalán al término del juicio en el que se acusa a Mas y a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega de supuestas responsabilidades contables en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

"No hubo ni un solo euro de malversación de fondos públicos", ha asegurado el expresidente, que ha culpado a los colectivos de abogados que presentaron la demanda (Sociedad Civil, Abogados catalanes por la Constitución y Abogacía del Estado) de querer "más pena y más castigo. Esa es la realidad".

No obstante, ha admitido que tanto él como los exconsellers están "tranquilos" y se ha mostrado confiado en que serán exonerados de esta vía civil, pero de no ser así ha avanzado que llegarán "hasta el final con los recursos jurídicos", ante el Tribunal de Cuentas y el Supremo.

Pero además tranquilos, Mas ha dicho que están "contentos" de haber conseguido "el objetivo político de consultar al pueblo de Cataluña".

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana, Manuel Zunón, también a la salida del juicio, se ha mostrado convencido de que la responsabilidad contable del expresidente Artur Mas y de los tres exconsellers en la consulta soberanista está "totalmente probada" y ha afirmado que "no hay controversia: los gastos son lo que son".

Zunón ha desvelado que la jueza tiene "muy claros" los gastos de los ex altos cargos y se ha mostrado convencido de que Sociedad Civil ganará el juicio.
En definitiva, ha sostenido que el juicio ha sido "útil" ya que también se han aclarado "motivaciones, enmascaramientos, desobediencia y cosas que no están en los expedientes y ellos tenían que explicar".

En el transcurso de la vista tanto Mas como los exconsellers han insistido en que no cometieron ninguna irregularidad: "Ni se me pasa por la cabeza", ha dicho el exconseller de Presidencia Francesc Homs.

La exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera Joana Ortega también ha expresado su "convicción absoluta" de que el 9 de noviembre se actuó de acuerdo a la legalidad.

Ortega ha negado que se tratase de una consulta y ha dicho que fue "un proceso participativo" que se desarrolló el 9 de noviembre y los 15 días posteriores.

En ese proceso, ha comentado, no hubo censo y sólo intervinieron voluntarios, "no hubo participación de funcionarios públicos".

El juicio, que continúa este jueves con las conclusiones, se inició a las 10:00 horas, hora a la que llegó una delegación del PDeCAT, liderada por su presidente Dabid Bonvehí, acompañando a Mas y a los tres exconsellers.

No ha acudido a las puertas del Tribunal nadie en representación de ERC.

Les reclaman 5,2 millones

Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs han llegado la mañana de este miércoles al Tribunal de Cuentas para sentarse en el banquillo de los acusados por los gastos del 9-N.

El Tribunal de Cuentas les reclama 5,2 millones de euros porque, supuestamente, pagaron con dinero público la organización del proceso participativo de 2014.

Los exdirigentes de la Generalitat tendrán que declarar porque lo han solicitado expresamente las dos entidades que denunciaron el caso: Societat Civil Catalana y la Associació d'Advocats Catalans.

Antes del juicio, ya han tenido que depositar los 5,2 millones de euros como fianza (una parte, en inmuebles personales como aval).

El 9-N ya fue objeto de dos juicios en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y en el Tribunal Supremo y en ambos se les impusieron condenas por desobediencia. En estos juicios se acabó retirando la acusación por malversación contra todos ellos.

Prácticamente cuatro años más tarde, el 9-N todavía continúa trayendo cola. El próximo miércoles, el expresident Mas y tres ex altos cargos de su Govern tendrán que comparecer ante el Tribunal de Cuentas para dar explicaciones sobre cómo se pagó el 9-N.

Este organismo se encarga de determinar la responsabilidad contable de aquellos que tienen acceso a bienes públicos y actúa a instancias de una denuncia hecha por Societat Civil Catalana y la Associació d'Advocats Catalans.

En las semanas previas, se han celebrado vistas públicas para aportar pruebas y para avanzar en la instrucción del caso. El juicio supone el último trámite antes de la sentencia, que se podrá recurrir ante la sala de justicia del mismo tribunal y también en casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal de Cuentas ha reservado dos jornadas (10 y 11 de octubre) para la celebración de este juicio. A parte de la declaración de Mas y de los exconsellers, también será necesario que todas las partes hagan públicas sus conclusiones. Será el momento de conocer si se modifica (al alza o a la baja) la cantidad que se les reclama.

La encargada de redactar la sentencia es la consellera del departamento segundo, la exministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar Margarita Mariscal de Gante, que también fue la encargada de nombrar a un delegado instructor en esta causa.

En caso de condena y cuando esta sea firme, el dinero que hasta ahora se ha depositado como fianza se reingresaría en la cuenta de la administración afectada por la malversación, es decir, en la misma Generalitat. El pago sería solidario entre todos los condenados.

Bonvehí (PDeCAT) afirma que el 9N fue "imprescindible"

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado este miércoles que la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 fue el inicio del proceso independentista que, además, resultó "imprescindible" para llegar al referéndum unilateral del 1 de octubre.

Bonvehí ha hecho estas declaraciones a los medios a la llegada al Tribunal de Cuentas, acompañado de una delegación de diputados y senadores del PDeCAT, para apoyar al expresidente de la Generalitat Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau que son juzgados por su supuesta responsabilidad en el desvío de fondos públicos para el 9N.

El presidente del PDeCAT ha señalado que este es un "proceso injusto" porque este asunto ya se enjuició en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Tribunal Supremo que descartó que se cometiera un delito de malversación de caudales públicos.

Preguntado por la ausencia de diputados de ERC en apoyo a Mas y los exconsellers, Bonvehí ha descartado que haya "fractura" entre PDeCAT y ERC y ha comentado que desconoce los motivos por los que ningún representante del partido republicano haya acudido a la entrada del tribunal.

Bonvehí también ha apostado por una legislatura larga porque es necesaria "estabilidad institucional y acuerdos".

También ha hecho declaraciones a los medios, el senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries quien ha coincidido con Bonvehí en que el 9N marcó "una ruta" y el inicio de "una voluntad" para decidir el futuro de Cataluña.

No obstante, el senador ha precisado que también ese día se inició la "ruta de persecución política" del Estado español contra el expresidente Mas y los exconsellers al objeto de "escarmentar" cualquier intento independentista.

Cleries ha recordado que el proceso comenzó de manera legal y, por ende, "carece de sentido lo que estamos viendo".

El senador ha admitido que hay división en el seno del independentismo y ha reconocido que, por ejemplo, "ayer en el Parlament se vivió un momento muy triste".

Sin embargo, Cleries ha apostado por encontrar el camino "cerrar filas" y "que se encuentren las fórmulas para seguir unidos en todo lo que haya que hacer".

Se ha mostrado convencido de que la legislatura va a continuar porque es cuestión de responsabilidad ante los presos soberanistas.

Además de Cleries y Bonvehí, han formado parte de la delegación del PDeCAT el diputado Carles Campuzano, la senadora Marta Pascal, el diputado Antoni Postius y el diputado Ferran Bel.

Muestras de apoyo

El día antes del juicio, el president de la Generalitat, Quim Torra, recibió a Mas y a los exconsellers para darles su apoyo antes de viajar a Madrid. Está previsto que también acudan a las puertas del Tribunal de Cuentas representantes de JxCat y ERC, así como también harán declaraciones responsables de las entidades demandantes.

Un nuevo juicio al 9-N

Este no es el primer juicio por el 9-N. Todos han sido juzgados tanto en el Supremo (en el caso de Homs que era diputado en el Congreso) como en el TSJC y la acusación por malversación decayó antes de llegar a juicio. Además, también se les absolvió de prevaricación.

El próximo 6 de noviembre está fijada una visita al Tribunal Supremo para analizar los recursos presentados por Mas, Ortega y Rigau contra esta decisión del TSJC. En el caso de Homs, el Supremo le condenó (ya de forma firme) a un año y un mes de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros.

Esta misma semana, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por Homs por la condena del Supremo.

Un proceso que arrancó hace más de un año

En septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas comunicó a Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau (y a otros excargos del Govern) que tenían que depositar una fianza de más de 5,2 millones de euros. Es el dinero público que el tribunal calcula que se destinó a la preparación de la consulta del 9-N de 2014.

El Tribunal de Cuentas también amplía la reclamación a otros excargos del Govern de Mas. Concretamente, al exsecretario general de la Presidencia Jordi Vilajoana, al director general de Difusión, Ignasi Genovès, a la directora de Serveis del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Josefina Valls, al subdirector general de Administració, Serveisa i Projecció Externa, Lluís Bertran, a la interventora del Departament d'Ensenyament, Carolina Pardo, y al director general de la Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, Jaume Domingo y también Jordi Serra.

Inmuebles personales como aval

Tras pedir algunas prórrogas, finalmente, los investigados ingresaron en efectivo 2,8 millones de euros y, para llegar a la cantidad total de 5,2 millones, el tribunal les ha permitido aportar inmuebles de su propiedad como aval.

El dinero está retenido en la cuenta de consignaciones, que depende del Ministerio de Justicia. En cuanto a los inmuebles se trata de un embargo provisional hasta que el procedimiento acabe y haya sentencia firme pero los propietarios pueden seguir disponiendo de ellos.

Las propiedades aportadas como aval son un piso de Mas en la calle Tuset de Barcelona, la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Osona), fincas de Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Freser (Ripollès) y también una propiedad del exsecretario general de Presidència Jordi Vilajoana.

Em enero y después de recibir las fianzas, el tribunal dio por cerrada la fase de instrucción. Desde entonces, el caso está en manos de la sección de enjuiciamiento y se encarga la responsable del departamento segundo, Margarita Mariscal de Gante.

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