La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar 103.000 1 a los tutores de un joven deficiente que pasó dos años en prisión preventiva por un crimen que no cometió. En 2001, Alejandro A. G. tenía 25 años, fue detenido acusado de matar a un compañero de residencia, en Málaga. Dos años más tarde fue declarado inocente porque con la grave incapacidad física del joven era imposible cometer la agresión.