La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 103.000 euros a los tutores de un joven disminuido psíquico y físico que pasó casi dos años en prisión preventiva por un crimen que no cometió.

En 2001, Alejandro A. G. tenía 25 años (y edad mental de un niño de tres), fue detenido, acusado de matar a un compañero de residencia, un centro privado para deficientes mentales en San Pedro Alcántara (Málaga). Entonces ingresó en la cárcel psiquiátrica de Sevilla. Dos años más tarde fue declarado inocente por un jurado que consideró que con la grave incapacidad física del joven (es casi ciego y tiene graves dificultades para andar), era imposible que hubiera cometido la agresión, según publicó ayer el diario Sur.

La familia de Alejandro decidió reclamar una indemnización al Estado por creer que se trataba de un error judicial. La petición de indemnización de 150.000 euros fue rechazada en el año 2005 por el Ministerio de Justicia, que no apreció tal error. Recurrieron ante la Audiencia Nacional, que dio la razón a la familia en septiembre de 2007. El importe de la indemnización asciende a 103.000 euros, que sus padres cobraron ya hace dos semanas.

Perdió habilidades

La Audiencia Nacional justifica la indemnización en los daños ocasionados por la privación de libertad durante 22 meses y la pérdida de habilidades que había adquirido durante su estancia en el centro de San Pedro Alcántara.

Ante el juez sin tutor

Alejandro A. G. no sólo estuvo dos años en prisión siendo inocente, como ha admitido la Audiencia Nacional. El letrado de la familia, Miguel López Linares, critica también que se llevaran «a un chaval, con una edad mental de un niño de tres años, a declarar ante un juez», que le leyeran «sus derechos y que le hicieran firmar su declaración, sin que ningún adulto o un tutor lo acompañase, y sin que nadie de su familia fuese

avisado».