En declaraciones a los medios, Sánchez Teruel ha indicado que él mismo mantiene conversaciones desde el pasado mes de agosto con los representantes de la asociación para tratar de solventar el "problema financiero y económico importante" que representa el pago de unos 600.000 euros para hacer frente al reingreso de la subvención, la multa asociada y las costas judiciales.

"Se han producido conversaciones con el Gobierno de España y se han puesto alternativas encima de la mesa", ha dicho el secretario provincial socialista, quien ha compartido la "preocupación" de la entidad a la que él mismo se encuentra asociado, si bien cree que "es tiempo de trabajar con el Gobierno de España en los despachos" para estudiar una "solución".

Cabe recordar que centenares de vecinos de la comarca almeriense de Los Vélez se manifestaron este sábado en defensa de la residencia, puesta en marcha desde hace años y en la que conviven un centenar de personas con discapacidad intelectual y trabaja otro centenar de personas. "El centro es viable y no hay ningún tipo de duda en su continuidad", ha recalcado el dirigente socialista.

Fue en 2015 cuando a los responsables de la asociación se les notificó un expediente de reintegro de la subvención por falta de justificación, con lo que se inició un procedimiento administrativo primero y judicial después para tratar de evidenciar el buen destino de los fondos obtenido con cargo al IRPF.

La sentencia judicial dictada en firme desfavorable a los intereses de Apafa se basa en la existencia de un error de forma, después de que notificara la selección de la empresa constructora "telefónicamente" sin haberlo hecho después mediante un escrito oficial, según ha explicado la presidenta de Apafa, Matilde Díaz.

Tras este hecho, la presidenta de Apafa ha mantenido diversas reuniones con responsables políticos e institucionales, tanto bajo el anterior Gobierno como con el actual, para tratar de obtener una solución viable que, a su juicio, pasaría por la no ejecución de la sentencia.

"Es una decisión estrictamente política", ha valorado Díaz, quien cree que la Administración central debe ponderar el principio de proporcionalidad a la hora de adoptar una decisión que afectaría a un centenar de personas con discapacidad intelectual y otros tanto trabajadores. La presidenta de la entidad se reunirá este miércoles con el Defensor del Pueblo para abordar este asunto.