El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado este viernes el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, que incluirá actuaciones dirigidas a defender a los colectivos más vulnerables y para luchar contra la pobreza energética y pone fin al 'impuesto al sol', las trabas al autoconsumo energético.

Ésta es una de las principales decisiones que ha adoptado el Gobierno en su primera reunión en el Palacio de la Moncloa con todos sus miembros desde el relevo de Carmen Montón por María Luisa Carcedo al frente de Sanidad. Debido a que era la primera vez que coinciden todos ellos, antes del inicio de la sesión posaron para la tradicional foto de familia del Ejecutivo.

Las medidas urgentes contra la pobreza energética buscan, en lo inminente, aliviar los efectos que está teniendo en la factura de la luz la subida de los precios en el mercado mayorista en el momento coyuntural de la próxima llegada de los meses más fríos del año, ha asegurado el Gobierno.

Entre las medidas destaca la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que se carga en la factura de la luz, y que pasará de un 7% a prácticamente cero. Esta suspensión será temporal, seis meses, y el Gobierno calcula que podría redundar en una reducción directa del 4% en las facturas, según la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera.

Además, el decreto amplía un 15% los límites de consumo a los que se puede aplicar los descuentos del bono social, que se va a ver complementado con un bono térmico, una ayuda económica directa que se abonará a los beneficiarios del bono social eléctrico, en función de su grado de vulnerabilidad y las temperaturas de la zona en que vive, para pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina, con independencia del combustible que utilicen.

Se incluye en ambos bonos a los hogares ya acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018,y a todo el consumidor que lo pida y cumpla los requisitos antes de dicha fecha. El Gobierno ha ampliado el alcance en esta ocasión a las familias monoparentales en situación de vulnerabilidad.

La cuantía de la ayuda dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que está la residencia del beneficiario. El importe que recibirán los beneficiarios del bono térmico dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y el número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre.

A todo ello se añade que no se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a hogares que tengan el bono social y en los que vivan menores de 16 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y dependientes reconocidos de grado 2 ó 3.

Ribera ha asegurado que estas medidas urgentes son necesarias por la coyuntura de los meses fríos venideros y servirán mientras el Gobierno trabaja en una estrategia nacional contra la pobreza energética. En esa estrategia se establecerán nuevos criterios de acceso al bono social con prioridad para las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, ha señalado Ribera, después de las críticas recibidas por el reparto actual.

El Gobierno ha diseñado también una estrategia para proteger a los consumidores en el sector energético. Se quiere que, por ejemplo, la factura de la luz deje de ser un documento críptico, y se obligará a las comercializadoras a reflejar en ella "cosas tan obvias y tan necesarias como el efecto de una u otra tarifa, qué supone usar la electricidad en una u otra hora o cualquier otra discriminación horaria o de eficiencia" que pudiera abaratar el recibo.

Para ello se anuncian sanciones a los comportamientos comercializadores fraudulentos o que debiliten la posición del consumidor.

De hecho, se prohíbe a las comercializadoras eléctricas y a las de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias (el denominado sistema 'puerta a puerta'), salvo que la visita sea solicitada expresamente por el consumidor.

Por otro lado, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo y no haya que contratar una tarifa superior. Hasta el momento, los escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios.

Teresa Ribera celebró también la decisión del Gobierno de poner fin del "impuesto al sol", y anunció que hay que aceptar con naturalidad que haya productores y consumidores diversos en el panorama eléctrico, para lo que se descargarán las "trabas burocráticas" a esta modalidad de generación eléctrica.

"Este país se libra del gran absurdo del que se han mofado otros países de nuestro entorno: el impuesto al sol" desde hace tres años, ha dicho la ministra. "A partir de ahora se incluye el derecho a autoconsumir sin cargos, el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido, y el principio de simplificación administrativa y técnica para las pequeñas instalaciones".

En otro orden de cosas, el Gobierno ha acordado actuar en consecuencia "si el Parlament catalán adopta decisiones contrarias a la Constitución", según ha explicado la portavoz Isabel Celaá. Esta posición llega días después del ultimátum del presidente de la Generalitat, Quim Torra para que en noviembre haga una propuesta sobre un referéndum de autodeterminación o de lo contrario le retirará su apoyo en el Congreso.