Fernández Sanz ha adelantado estos datos al cierre de un debate general sobre la situación del transporte sanitario propuesto por el PP, y en que el diputado de Podemos David Llorente y el 'popular' Lorenzo Robisco han criticado duramente el estado de las ambulancias.

El titular de Sanidad ha comenzado su alocución con una "rotunda aclaración" a las críticas de Llorente y Robisco, asegurando que el transporte sanitario "sí funciona" en la región. En su opinión, su situación es "mucho mejor" que en el pasado.

Ha defendido el nuevo contrato suscrito el 7 de abril de 2017, que ha servido para contratar a 129 trabajadores más y para mejorar el equipamiento con 19 nuevas UVIs móviles, más ambulancias, 506 vehículos de transporte no urgente, desfibriladores y respiradores nuevos.

También ha lamentado la "falta de datos" esgrimidos por los diputados de Podemos y PP para enarbolar sus críticas hacia el transporte sanitarios.

PODEMOS INSTA A LA GESTIÓN DIRECTA DEL SERVICIO

Por parte de los grupos políticos, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha incidido en que el modelo de gestión externalizada del transporte público "no funciona" porque las empresas "funcionan todas con la misma lógica de maximizar su margen de beneficio privado a costa necesariamente de precarizar el empleo y deteriorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía.

Por ello, ha instado al Gobierno castellano-manchego a tomar una solución "clara y directa" basada en rescindir, "en el plazo de seis meses", los contratos del servicio por "incumplimiento flagrante y reiterado de las condiciones de contratación", constituyendo a la vez una empresa pública que asuma la gestión directa "subrogando la plantilla actual.

"En Baleares se ha constituido hace más de medio año una empresa pública que ha asumido el servicio y se ha demostrado que, con un coste igual o menor, se presta un servicio de mayor calidad y con paz social, con los trabajadores tranquilos sobre el respeto a sus derechos laborales", ha puesto como ejemplo.

EL PSOE PIDE SER "CAUTELOSOS"

Mientras, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha contestado a Llorente que, aunque su partido no rechaza "de plano" su propuesta, el Gobierno regional debe ser "cauteloso" porque, ante una eventual empresa pública, "igual que habrá presiones por parte de los sindicatos que defiendan la subrogación del cien por cien de la plantilla, pueden aparecer presiones para que ese cien por cien salga a oferta pública".

Abengózar ha señalado en este aspecto que "no se puede tomar a los trabajadores como rehenes del debate político", sino que "hay que protegerlos", cosa que, ha añadido, "es lo que va a hacer el Gobierno regional".

La diputada ha querido citar además distintas "mejoras" llevadas a cabo en el transporte sanitario por parte del Ejecutivo autonómico en esta legislatura como la mejora del equipamiento de los vehículos convencionales con desfibriladores automáticos o, en el caso de los vehículos de transporte urgente, de desfibriladores de última generación, respiradores o equipos de radiocompresión, así como pasos en la creación de empleo.

EL PP PIDE AL CONSEJERO QUE CUMPLA EL PLIEGO EN UN MES O "SE MARCHE"

De su lado, el diputado 'popular' Lorenzo Robisco ha exigido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que haga que se cumpla el pliego "en el plazo de un mes" o, en caso contrario, "se marche para su casa".

Robisco ha afeado a Fernández Sanz que "redactó mal" este pliego, insistiendo en que velar por el cumplimiendo del mismo "es velar por los derechos de los trabajadores".

"Alguien se está beneficiando de esto y desde luego no es la sanidad pública, universal y gratuita. Nos sale carísimo este pliego porque pagamos contratos y derechos laborales como legales y ustedes permiten la ilegalidad", ha añadido.

Al final del debate no ha salido adelante ninguna propuesta de resolución de las dos presentadas -por Podemos y PP-. La de Podemos pedía rescindir en 6 meses el contrato actual con las empresas adjudicatarias y crear una empresa pública subrogando la plantilla actual, mientras que la del PP pedía entre otras cosas exigir a las empresas el cumplimiento de las condiciones del contrato en un mes.