Agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.
Agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. ARCHIVO/GUARDIACIVIL

Según reza en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, interpuesta el pasado 29 de septiembre en un cuartel de Albacete, donde viven estas mujeres en la actualidad, exponen que este hombre "ha sufragado sus gastos diarios con el esfuerzo de las propias trabajadoras, aprovechándose de su trabajo para cubrir sus necesidades y dando la apariencia pública de que esa cobertura la estaba dando el sindicato".

A su vez, estas mujeres acusan al representante del SAT de "usarlas mediáticamente para promocionar el sindicato". En cuanto a los trabajos irregulares, las denunciantes se refieren a la limpieza de casa de la dueña de la vivienda donde ellas vivían, "yendo este dinero para el fondo de las diez jornaleras".

Otra de las temporeras, fue "obligada" a trabajar durante nueve días en el huerto del representante sindical, según reza en la denuncia, "sin cumplir ningún requisito legal con el fin, según admite también el denunciado, de recuperar el importe de un teléfono viejo que había prestado a la trabajadora, siendo que el terminal se rompió por accidente".

No obstante, la denuncia presentada por dos abogados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj) que las representan, no solo va contra este representante sindical, sino contra otros dos vecinos de la localidad malagueña, siendo uno de ellos la dueña de la vivienda donde residían estas mujeres de alquiler, a la organización sindical en general y a una entidad bancaria al considerar que J.J.B se hizo con una autorización de una cartilla "de forma fraudulenta".

Del mismo modo, en la citada denuncia, los letrados dan cuenta de que el pasado 25 de julio el sindicato organizó en Cádiz un "acto público de apoyo y se había comprometido a destinar el importe obtenido a sufragar los gastos de las jornaleras", a lo que añaden que "el dinero no les ha llegado", según ha adelantado este martes la publicación Mar de Onuba.

La salida de las mujeres de la localidad malagueña -cabe recordar que llegaron a España en abril en el marco de un convenio de contratación en origen que mantienen España y Marruecos para la recogida anual de la cosecha de frutos rojos en Huelva- se produjo a mediados de septiembre con la ayuda de los abogados de Ausaj, y de una de las personas colaboradoras en redes sociales en la campaña 'Temporeras contra la esclavitud'.

Previa a su salida la situación estalló cuando la asociación de los abogados lanzó en Internet una campaña de apoyo a las temporeras para recaudar fondos y enviarlos a sus familias, para lo que era necesario abrir una cuenta bancaria a nombre de una de estas mujeres, poniéndose el representante sindical, sin ser promotor de la campaña, como autorizado.

En esa cuenta, una compatriota marroquí donó 3.000 euros para que las jornaleras enviasen ayudas a sus familias la víspera del Eid al Adha, una festividad musulmana, pero el dinero quedó bloqueado durante unos días por la ley contra el blanqueo de capitales y supuestamente "el denunciado hizo tres reintegros de la cuenta por valor de 1.380 euros sin comunicarlo a nadie y desconociéndose el destino del dinero".

CRÍTICAS DE UPA

Por su parte, la organización agraria UPA ha criticado "la utilización de las mujeres temporeras" por parte del SAT y "la campaña de desprestigio" que emprendió contra el sector de los frutos rojos.

En un comunicado, UPA ha recordado que ya en ese momento advirtió de "la utilización que se estaba haciendo de las temporeras por parte del sindicato", así como ha indicado desde el pasado mes de mayo, el sector de los frutos rojos de Huelva "ha sido azotado por informaciones sobre denuncias de maltrato laboral y sexual a temporeras".

De este modo, han indicado que en su momento UPA "advirtió que las denunciantes podían estar siendo víctimas de una utilización mediática y ventajista a cambio de promesas que probablemente no pudieran cumplirse".

Por último, desde UPA Huelva exigen que se esclarezcan los hechos, que se paguen las correspondientes consecuencias legales de los mismos y demandan una rectificación pública por parte del SAT ante una situación que "ha creado y magnificado el sindicato y que ha perjudicado gravemente la imagen del sector".

Asimismo, solicitan las correspondientes aclaraciones sobre la situación en la que quedan estas trabajadoras que pueden verse en "un limbo de promesas incumplidas y en la que peligre su situación legal en el país".

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