Con esta modalidad de trabajo, la Administración autonómica ofrece a los empleados públicos "importantes beneficios sociales" en la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que repercute en una "mejora de la productividad" y permite "reducir costes de desplazamiento y material".

Así, del grupo de trabajadores (funcionarios y laborales) de la Administración General que se ha acogido al teletrabajo, 40 puestos corresponden a la Consejería de Hacienda y Administración Pública; 10 a la de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio; seis a la de Educación y Empleo; nueve a la de Sanidad y Políticas Sociales; seis a la de Economía e Infraestructuras; 13 a la de Cultura e Igualdad, y tres a la Presidencia de la Junta.

Del 11 al 21 de septiembre los empleados públicos que habían sido autorizados para trabajar en esta modalidad han recibido formación online a través de la Escuela de Administración Pública, como paso previo al inicio de la actividad, informa en nota de prensa el Ejecutivo extremeño.

La autorización de este modelo laboral tendrá una duración de un año, con un máximo de dos convocatorias consecutivas, y las empleadas que se hallen en periodo de gestación y las que acrediten su condición de víctimas de violencia de género no estarán sujetas a las sucesivas convocatorias y podrán solicitar su adhesión al teletrabajo en cualquier momento.

La Junta de Extremadura aprobó el pasado mes de enero el decreto que regula la modalidad del teletrabajo, y en el mes de abril se abrió la primera convocatoria pública para que los empleados pudieran solicitarla.

Se cumple, así, según destaca el Ejecutivo autonómico, con uno de los compromisos de la Agenda del Cambio y con una de las medidas incluidas en el Plan de Flexibilización que se firmó con los representantes sindicales el pasado mes de septiembre.