El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies ha presentado 73 enmiendas a la Ley de Memoria Histórica del Principado de Asturias elaboradas junto a diferentes organizaciones memorialistas de Asturias, entre las que se encuentran Famyr, ARMH, Fosa Parasimón, 13 Rosas, Ceaqua-Comuna de Asturies y AGE.

Según informan desde la formación morada, hay 30 enmiendas de adición y 43 de modificación que tratan de complementar y fortalecer el objetivo de la ley de acuerdo con las aportaciones realizadas por las organizaciones memorialistas. "Con ellas, la ley es más ambiciosa y más completa que las homólogas de otras comunidades autónomas", dicen desde Podemos en nota de prensa.

Entre otras iniciativas, se incorpora como objeto de esta ley "reconocer la memoria democrática de las mujeres y condenar la violencia y la represión ejercida contra ellas en relación con la guerra civil y la dictadura franquista por el hecho de ser mujeres".

También establece "el deber de investigar, poniendo especial énfasis en aquellos casos que tienen a la mujer como protagonista", añaden. "En definitiva, es un llamamiento a reparar el daño de una historia desmemoriada de cerca de cuarenta años de régimen dictatorial, que al ser transmitida fundamentalmente por voces masculinas ha relegado el papel de una mujer, víctima de la represión de género, con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer".

También pretenden incorporar en esta ley a las víctimas del robo de niños y niñas que se produjeran en Asturias y se propone la creación de un banco de ADN y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantías y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la guerra y la dictadura franquista en las víctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de la acción de guerra y represión antes indicada.

Igualmente, las enmiendas formulan modificaciones en el capítulo sobre la localización, exhumación e identificación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias del régimen franquista "en el sentido de otorgar mayores garantías jurídicas e introduciendo la colaboración e intervención, siempre que sea posible, de la autoridad judicial competente en cada momento, con la máxima garantía de preservación de las pruebas de los delitos que se hubieran podido cometer, así como de los derechos, tanto de las víctimas, como de sus familiares".