El Consejo de Gobierno andaluz ha dado luz verde a la nueva oferta de empleo público para la Administración General de la Junta: 2.417 plazas, 1.197 de acceso libre y 1.220 de promoción interna.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Juan Carlos Blanco, la oferta de 2.417 plazas para Administración General supone "llevar al máximo" la tasa de reposición de efectivos fijada en los Presupuestos Generales del Estado para las comunidades que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, del 100% en todos los sectores y un 8% adicional en ámbitos prioritarios de prestación de servicios públicos esenciales.

Blanco también ha destacado de que este modo "la comunidad autónoma generará empleo público neto por primera vez desde las restricciones estatales impuestas en 2012", lo que también permitirá "reducir la temporalidad" en las plantillas.

Los procedimientos selectivos comenzarán a desarrollarse durante el último trimestre del año en el caso de la promoción interna de funcionarios y en el primero de 2019 en la modalidad de libre acceso. En ambos casos, se realizarán convocatorias acumuladas con la oferta de empleo ordinaria de 2017 (538 de acceso libre y 600 de promoción interna).

Respecto al personal laboral, las pruebas comenzarán a convocarse una vez culminen los procedimientos selectivos que actualmente están en marcha correspondientes al periodo 2016/2017.

Según los datos facilitados por Blanco, la oferta aprobada este martes eleva a 8.356 el total de nuevas plazas de empleo público ordinario previstas este año 2018, ya que a las 2.417 para Administración General se suman las 2.321 de Educación, con el procedimiento selectivo ya realizado y los nuevos docentes incorporados a sus centros; las 3.618 de personal sanitario, pendientes de negociación sindical, y 7.500 extraordinarias deestabilización del empleo en la Junta.

La dotación de puestos de la Administración General, negociada con las organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial y en la comisión del convenio laboral, da cumplimiento al acuerdo para la mejora del calidad del empleo público suscrito el pasado 13 de julio con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que, entre otras medidas, también incluyó la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales.

Blanco ha subrayado que esta oferta permitirá reforzar sectores básicos para el adecuado funcionamiento de la Administración andaluza y para la prestación de servicios públicos esenciales, como los asistenciales y los vinculados a la lucha contra el fraude fiscal, la concesión de ayudas públicas, el asesoramiento jurídico y de gestión de recursos, la prevención y extinción de incendios, el empleo, la agricultura, etc.

Asimismo, y respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, se incorpora la previsión de que las convocatorias de los procesos selectivos puedan establecer medidas de acción positiva en aquellas especialidades donde mujeres u hombres se encuentren especialmente subrepresentados.

En todos los casos, el 10% de los puestos se destina a personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. De esta reserva, un 7% corresponde para el cupo general de discapacidad (170 plazas), un 2% corresponde a discapacidad intelectual (48) y un 1% a personas con enfermedad mental (24).