El superintendente de la Policía Local hispalense, Juan José García, ha negado este martes ante el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla que tuviese "amistad íntima" con alguno de los aspirantes a las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 103 plazas de la Policía Local, advirtiendo además de que el extinto Grupo Especial (Gepol) de dicho cuerpo, encargado de investigar la presunta filtración de los exámenes de estas oposiciones, actuaba por "intereses políticos" y sus miembros tenían "problemas" con él por aspectos de índole laboral.

Juan José García ha comparecido este martes en calidad de acusado ante el Juzgado de lo Penal número diez, en el marco del juicio que celebra dicha instancia judicial por la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local.

La causa cuenta con 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, tratándose uno de ellos del hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla. Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas oposiciones, como el dirigente local del Sppme Manuel Baso y el superintendente.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos "familiares o sindicales", señalando expresamente el caso del hijo de Manuel Bustelo.

A la hora de comparecer como acusado en este juicio, el superintendente de la Policía Local hispalense, Juan José García, sólo ha accedido a responder a las preguntas de su abogado defensor, quien ha centrado buena parte de las mismas en la situación del extinto Grupo Especial (Gepol), cuyos agentes investigaron las presuntas filtraciones en las pruebas de estas oposiciones. Contestando a su abogado, el superintendente ha manifestado que el Gepol funcionaba "en una situación anómala", sin el sometimiento al "mando jerárquico" ni el "control lógico" del Cuerpo de Policía Local, porque ni siquiera era una unidad creada según los procedimientos estipulados para ello.

"Su situación era extraña y nadie les controlaba", ha expuesto, asegurando que este grupo que contó con cuatro agentes hasta desligarse del mismo uno de ellos "actuaba por intereses políticos" marcados por el delegado municipal encargado del área de Seguridad. Rememorando sus peticiones respecto a la "regularización" de dicho grupo mediante el procedimiento oportuno, García ha desgranado los "problemas" surgidos entre los agentes que lo componían y él mismo.

ACUSA DE COBROS "FRAUDULENTOS" A UN MIEMBRO DEL GEPOL

Y es que según ha asegurado, como superintendente impidió que uno de estos policías siguiese cobrando un plus de 700 euros mensuales que obtenía "fraudulentamente" por labores de escolta que ya no prestaba, actuando además en el caso de las productividades asignadas a la Policía Local al tratarse de pagos por servicios prestados "de uniforme" según los servicios requeridos para afrontar las eventualidades de la ciudad en materia de seguridad.

En ese marco, ha recordado el infructuoso expediente por supuesto acoso promovido en su contra desde el Gepol y ha comprendido las "protestas" del sindicato ante el funcionamiento "extraño" del Gepol, porque sus miembros gozaban de "magníficas condiciones laborales radicalmente opuestas" a las del resto de agentes.

Además, Juan José García ha avisado de que uno de los agentes del extinto Gepol concurrió a una convocatoria al objeto de hacerse con un puesto de oficial precisamente cuando estaba investigando las mencionadas dos oposiciones, asegurando que el entonces jefe de la Policía Local José Aulet, fallecido en 2017, le telefoneó personalmente para pedirle que echase "una mano" a este agente en aquella convocatoria, extremo que según su relato desechó directamente.

En cuanto a las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, Juan José García ha recordado que las listas de admitidos a las pruebas no fueron elaboradas por los tribunales de las mismas, sino por el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento hispalense.

NINGUNA "AFINIDAD"

En paralelo, ha negado que le correspondiese abstenerse de actuar como miembro del tribunal de la oposición de las 47 plazas ante una supuesta "afinidad" con alguno de los opositores. Y es que según ha defendido, para que él se viese obligado a abstenerse tendría que haber mediado "amistad íntima o enemistad manifiesta" con alguno de los aspirantes y no con "terceras personas", situación que según ha alegado "no se daba". Así, ha insistido en que pese a las "relaciones" que se le atribuyen, no ha quedado demostrada ninguna "amistad o enemistad" con los opositores de aquellas pruebas.

En ese contexto, ha tachado de "mentira" que el dirigente del Sppme Manuel Baso se interesase por el examen del hijo del presidente del citado sindicato a la hora de corregir los resultados de las pruebas, llamando a diferenciar entre la amistad y la mera relación de "compañeros de trabajo".

A colación, y mientras la Fiscalía señala un supuesto intento de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos "familiares o sindicales", García ha advertido de que los resultados de las oposiciones investigadas reflejan "44 suspensos más que aprobados" entre los aspirantes familiares de agentes de la Policía Local. En esa misma línea, ha alegado que muchos opositores no encausados obtuvieron "mejores resultados" que los 37 agentes acusados al lograr "respuestas más acertadas".

Todo ello, según Juan José García, en un contexto en el que las pruebas se celebraban en un espacio "masificado" en el que los opositores realizaban los exámenes con apenas "un metro" de separación.

CRÍTICAS A LAS VOCALES DE LA JUNTA

Así, Juan José García ha defendido la "unanimidad" alcanzada en las decisiones adoptadas por los tribunales de estas oposiciones, señalando además que en el caso de las pruebas para la cobertura de las 56 plazas, las dos vocales que participaban en el tribunal en representación de la Junta de Andalucía mostraron un "llamativo interés" en revisar los exámenes de aspirantes cuya puntuación apenas pasaba de tres, dándose el caso de que algunos de estos opositores llegaron a aprobar una vez corregidos de nuevo sus exámenes.

Del mismo modo, ha avisado de que habría sido una de las vocales de la Junta quien no se habría atenido al aspecto de las bases de la convocatoria según el cual los miembros del tribunal debían elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección "el mismo día" de la prueba. Según ha alertado, dicha vocal habría manifestado que sus contenidos respecto a la prueba habían circulado antes "en un correo" electrónico.