Según informa la institución regional en un comunicado, esta fiscalización se encuadra dentro de los informes de seguimiento de conclusiones y recomendaciones cuyo objetivo es comprobar la subsanación de las incidencias detectadas, así como la implantación de las recomendaciones propuestas, en este caso dirigidas al Ayuntamiento de Aguadulce referente a 2011. El trabajo que se va a llevar a cabo es de seguridad razonable, y se emitirá una valoración global del grado de subsanación/valoración.

Las conclusiones y recomendaciones objeto de seguimiento afectan a aquellas áreas donde se detectaron las deficiencias en el informe anterior, como son control interno, rendición y tramitación de cuentas, gestión de gastos, personal, deuda, tesorería, estabilidad presupuestaria y remanente de tesorería

En total, se va a realizar el seguimiento a 14 cuestiones de las que once de ellas conllevan recomendaciones y el alcance temporal será el ejercicio 2016. No obstante, señala que para algunas cuestiones se realizará una revisión de todo el periodo posterior al ejercicio anteriormente fiscalizado, es decir, 2012-2016, con objeto de analizar la evolución acaecida durante dichos ejercicios.

Además, se tendrán en cuenta, para determinados aspectos, las actuaciones llevadas a cabo hasta la finalización de los trabajos de campo, con la finalidad de conseguir una mejor consecución del objetivo y presentar el informe lo más actualizado posible.

EL INFORME DE 2011

El documento emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a este Ayuntamiento en 2011, año en que estuvo gobernado durante seis meses por Joaquín Benítez (IU-CA) y el resto del ejercicio por Isabel Ortiz (PSOE) al mediar elecciones municipales, recoge elementos como que "el trabajo realizado sobre el sistema de control interno y las limitaciones al alcance ponen de manifiesto deficiencias que impiden asegurar la fiabilidad de los estados contables de la corporación, la coherencia interna entre los distintos estados, la integridad de las transacciones realizadas y el control y salvaguarda de los activos".

"El Ayuntamiento no dispone de una herramienta que permita identificar todos los bienes inventariables", indicaba. Además, advertía de que "no se han realizado los informes de morosidad que se han de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas" y el Ayuntamiento tampoco disponía de "una Relación de Puestos de Trabajo".

Del mismo modo, detectaba importes que deberían figurar como deuda de la corporación, como son los ingresos derivados de la participación de los municipios en tributos del Estado (PIE) cobrados en exceso en los años 2008 y 2009 y veía necesario "provisionar los importes correspondientes a los procedimientos judiciales abiertos".

También, agregaba que "los anticipos de caja fija no se ajustan a lo establecido" en la propia base 23 de la ejecución del presupuesto, toda vez que "la corporación no realiza arqueos de caja periódicos" y "el informe de la Intervención indica que se incumple el principio de estabilidad presupuestaria sin que se haya elaborado el plan económico financiero contemplado en el artículo 20 del Real Decreto 1463/2007". Por último, se detectaban "diferencias entre la relación de deudores y los saldos que figuran en los estados contables".