Presentación en Zaragoza de la 'Radiografía del Tercer Sector Social en España'
Presentación en Zaragoza de la 'Radiografía del Tercer Sector Social en España' EUROPA PRESS

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar en la Cámara de Comercio de Zaragoza el informe 'Radiografía del Tercer Sector Social en España, oportunidades en un entorno cambiante', elaborado por la Fundación PwC, que se refiere a aquellas entidades sin ánimo de lucro, tanto fundaciones, como asociaciones, que trabajan en el sector de los servicios sociales.

Al acto han asistido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Berta Lorente, y el director de PwC en Aragón y La Rioja, Ángel Hernando.

Tras la presentación, se ha celebrado una mesa redonda de debate en la que han intervenido la directora financiera de Fundación Ibercaja, Marta Candela; el presidente de la Fundación Rey Ardid, Alfonso Vicente; el coordinador de proyectos de Fundación Sesé, Pablo Ferrán de Irizar; el presidente de la Fundación Tervalis, Generoso Martín, y la presidenta de la Fundación DFA, Marta Valencia.

El presidente de la Fundación PwC, Jesús Díaz de la Hoz, ha sido el encargo de presentar el estudio. Según ha detallado, en 2018 se ha logrado la recuperación en términos monetarios respecto a antes de la crisis lo que supone que "hemos perdido entre ocho y diez años en la financiación del tercer sector social".

Sin embargo, "la capacidad de gasto no la vamos a recuperar hasta el 2020" puesto que "el nivel de vida ha cambiado, ha subido y "un euro de hoy no es igual que hace diez años", algo que "nos preocupa" porque "la necesidad de ayuda social se han incrementado" y en estos momentos 12,8 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, ha relatado.

SECTOR RELEVANTE

Díaz de la Hoz ha señalado que uno de los ámbitos de actuación de su fundación es el apoyo a la transformación y mejora del tercer sector, especialmente del tercer sector social, que "es muy relevante en la economía" ya que emplea a más de dos millones de personas en España entre voluntarios y trabajadores y tiene una financiación de 10.500 millones de euros, de la que un 62 por ciento es pública y el resto, el 38 por ciento, privada.

Según ha expuesto, esta última proviene tanto de fundaciones de tipo empresarial, como de entidades financieras. En relación con las segundas, ha precisado que se ha producido una "caída" de la aportación de las obras sociales a causa de la "crisis de las cajas de ahorro".

No obstante, ha comentado que, "afortunadamente, hay cajas de ahorros que han conseguido mantener su actividad social, incluso incrementarla" y "eso en Aragón tiene un impacto relevante por el caso de Ibercaja, que ha conseguido mantener su actividad y obra social".

El presidente de la Fundación PwC ha apuntado que durante la crisis, entre 2008 y 2012, la financiación del sector social se aminoró un cinco por ciento en su conjunto y "una de las pocas fuentes de fondos que se mantuvo fue la de la Unión Europea", ha aclarado.

Ha añadido que entre 2013 y 2016, "los años de ir saliendo de la crisis", se recuperó un 8 por ciento, si bien en 2017 volvió a caer otro 5 por ciento y por eso "la recuperación en 2018 en términos monetarios supone estar en el nivel de 2008", ha apostillado.

RAZONES DE LA REDUCCIÓN

Díaz de la Hoz ha manifestado que la caída de 2017 se debe a que fue un año "de incertidumbre" y al prorrogarse los presupuestos públicos "no pudo mejorar la ayuda", sino que "se estancó".

Además, se produjo un cambio en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la partida destinada a fines sociales pasó a repartirse entre el Estado, al que le corresponde un 20 por ciento, y las Comunidades, que reciben el 80 por ciento restante.

Esta modificación implicó "un retraso lógico en la asignación de las ayudas y en la toma de la decisión", que repercutió a las entidades, muchas de la cuáles se vieron obligadas a "rehacer planes" y obtuvieron la ayuda "meses después" de lo habitual.

Todo esto significó una reducción de la financiación global un cinco por ciento ese año, en el que se alcanzó la cifra de 10.500 millones de euros.

SITUACIÓN POR COMUNIDADES

Jesús Díaz de la Hoz ha comentado que la aportación del sector público en Aragón es similar a otras Comunidades y ha dicho que el estudio incluye algunos datos regionales sobre el mayor impacto en la financiación. Según ha expuesto, "Aragón está en el nivel superior", solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco.

Al respecto, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha asegurado que esta Comunidad "ha tenido muy clara la presencia e importancia del tercer sector social" ya que presenta el 3,5 por ciento del PIB regional y unas 20.000 personas "trabajan de una manera u otra alrededor de las entidades del tercer sector social".

Por eso, desde el Ejecutivo autonómico "hemos apostado por él" presentado una ley de Concertación "pionera" en España, que ya se está aplicando, "para que las entidades sociales no tengan que pasar por la ley de Contratos y se tenga en cuenta la proximidad y experiencia a la hora de concertar plazas que tienen que ver con las diferentes modalidades de los servicios sociales", ha remarcado la consejera.

Broto ha subrayado que se trata "de los derechos subjetivos de los ciudadanos y la forma en que se prestan" y ha sostenido que "frente a quienes piensan que se tienen que gestionar desde lo público y otros desde la empresa privada, nosotros apostamos por el tercer sector".

La responsable de Ciudadanía y Derechos Sociales ha asegurado que desde el Gobierno aragonés se ha gestionado "con rapidez y en tiempo las ayudas del IRPF" y "fuimos la primera Comunidad que las resolvió".

Esto supuso que a finales de 2017 "todas las entidades tenía el dinero, a pesar de que el ministerio fue lento en decidir y distribuir el dinero entre todas las Comunidades" y de que se presentaron muchas más entidades aragonesas que años anterior, puesto que lo hicieron 161 frente a las 101 de 2016.

En este punto, ha recalcado que "este gobierno ha peleado mucho las cantidades que ha de recibir Aragón porque muchas entidades dependen de estas ayudas" y también ha explicado que reclamó al Gobierno central que en 2018 se tomará la decisión del reparto con rapidez y si bien "se hizo más rápido, no tanto como hubiéramos querido".

8,874 MILLONES

La Comunidad ha recibido 8,874 millones de euros tanto en 2017, como en 2018. En estos momento, se están valorando los proyectos de este año y Broto ha indicado que plantean intervenciones "muy variadas" y "de mucha calidad". Ha citado como ejemplos, proyectos relacionados con discapacidad, ayuda a mujeres, ayuda al medio rural y atención a la vulnerabilidad.

La consejera ha añadido que desde que estas ayudas se gestionan en la Comunidad "hemos informado con prontitud a las entidades sobre cómo estaba la negociación y la situación y cómo se iba a hacer la convocatoria".

Ha aclarado que el 20 por ciento que corresponde al Estado se destina a cuestiones vinculadas con sus competencias, como puede ser intervenciones en instituciones penitenciarias o con refugiados, y el 80 por ciento de las Comunidades en materias que son de su competencia.

Este acto ha sido organizado por la fundación PwC y la Cámara de Comercio de Zaragoza, con el apoyo de las fundaciones que han participado en la mesa de debate posterior.

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