El Parlament aprueba que Puigdemont y los diputados presos deleguen el voto y salven así la mayoría independentista

  • JxCAT y ERC suman los votos de los 'comunes' para permitir que los diputados suspendidos deleguen el voto.
  • Salvan así la mayoría independentista, la primera votación será en el Debate de Política General que comienza este martes por la tarde.
Quim Torra en el pleno del Parlament.
Quim Torra en el pleno del Parlament.
Europa Press - Archivo
Quim Torra en el pleno del Parlament.

Finalmente, los votos de CatalunyaEnComúPodem han permitido que los diputados suspendidos deleguen para "poner en marcha al Parlament". La diputada de CatECP en el Parlament Marta Ribas ha explicado este martes que votarán a favor de que los diputados suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena puedan designar a un compañero de grupo, para "volver a poner en marcha al Parlament" después de dos meses sin celebrar un pleno.

"Llarena suspendió injustamente a seis diputados de esta Cámara, pero estamos encallados también por los desencuentros evidentes de dos grupos de esta cámara. Hoy votamos una vía para recuperar plenamente la actividad parlamentaria y poder volver a hacer plenos", ha criticado ante el hemiciclo, puesto que las diferencias de JxCat y ERC sobre cómo afrontar la suspensión llevaron a suspender un pleno en julio.

Sin embargo, los comuns rechazarán el otro apartado del dictamen, que propone suspender a los diputados afectados, al entender que "ha quedado claro que es un punto simbólico".

Cs y PP abandonan el hemiciclo

Los 36 diputados de Cs y los 4 del PP en el Parlament han abandonado este martes el pleno para no votar la propuesta de dictamen impulsada por JxCat y ERC para desencallar la situación de los diputados independentistas suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Cs y PP entienden que el Parlament debió aplicar el auto del juez sin más cuando le fue notificado en julio, y consideran inaceptable y fuera de la ley que se someta a votación del pleno la decisión del Supremo.

"Es un simulacro de votación que no tiene apoyo legal ninguno", ha expuesto el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa. Los 17 diputados del PSC tampoco han votado, para evidenciar su discrepancia sobre el contenido del dictamen, pero, a diferencia de Cs y PP, los parlamentarios se han quedado en sus escaños.

PSC afea la "farsa" de JxCat y ERC

La portavoz adjunta del grupo PSC-Units, Alícia Romero, ha criticado la "farsa" y "teatro" de JxCat y ERC en el Parlament y les ha instado a reconocer que ya están "acatando de facto" el auto del juez del Supremo Pablo Llarena, aunque ha censurado que el hemiciclo vote hoy si aplica o no un auto judicial.

Romero ha intervenido en el pleno de esta mañana del Parlament con un único punto del día, la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados que propone que cedan sus funciones, mientras no se resuelva su situación judicial, los parlamentarios suspendidos por el TS: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

"Hoy lo que pasará es que acatarán la resolución judicial, porque ya se está aplicando, aunque no lo quieran reconocer. Es de traca e inaudito que utilicen el Parlament como les da la gana. Deberían ser valientes y dejar de engañar. Es surrealista. Se ha acabado su farsa, en este teatro no participaremos", ha afirmado Romero.

La diputada socialista ha recordado que desde el 13 de julio esos diputados "no cobran su sueldo ni emiten voto en el pleno", como tampoco votarán hoy, lo que significa que "están suspendidos".

"Es así de claro. No cobran sueldo, no emiten voto, no pueden presentar iniciativas parlamentarias. Si no pueden hacer eso, están suspendidos. Ustedes están cumpliendo de facto la resolución, solo vienen a engañar, a escenificar y a seguir engañando a tanta gente que ayer les pedía que dijeran la verdad", ha aseverado.

En cualquier caso, ha criticado que en el primer punto del dictamen se vote si se acata la resolución: "Lo que no se puede hacer es llevar a votación una resolución judicial. No creen en la separación de poderes. Es inaudito e intolerable en democracia. Las resoluciones judiciales se acatan y no se llevan a votar al Parlament".

Por ello, ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, que "no sea el presidente de unos cuantos, sino de todos", porque "la democracia no es solo votar, sino también respetar la separación de poderes".

Suspensión del TS

El pleno del Parlament abordará este martes la suspensión de los diputados procesados por el Tribunal Supremo (TS), que el juez Pablo Llarena decretó el 27 de julio y que ha condicionado la actividad parlamentaria catalana desde entonces.

JxCat y ERC anunciaron la semana pasada un acuerdo sobre cómo resolver la situación: amparándose en el artículo del reglamento del Parlament que detalla los pasos a seguir en caso de suspensión, convocaron la Comisión del Estatuto del Diputado y aprobaron -con el apoyo de CatECP y la CUP- un dictamen que insta al hemiciclo a votar si acepta la suspensión y propone que los afectados puedan "designar" a un diputado que ejerza sus derechos.

Con el fin de resolver este escenario antes del Debate de Política General, que comienza este martes por la tarde y se alargará hasta el jueves, el presidente del Parlament, Roger Torrent, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, ha convocado un pleno a las 12.00 horas con un único punto en el orden del día: el debate y votación del dictamen.

Sin embargo, hay dudas sobre si la iniciativa prosperará porque el artículo 25 del reglamento, que habla de las suspensiones, dictamina que la votación en el pleno debe lograr la mayoría absoluta y el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, consideró durante la comisión que esta prerrogativa afecta a los dos puntos que tiene el dictamen.

El apartado A pide al hemiciclo pronunciarse sobre la suspensión a través de una votación, y el B propone que los diputados afectados puedan delegar sus funciones en un compañero del grupo parlamentario.

¿Mayoría absoluta o simple?

El texto tiene una parte dispositiva que habla explícitamente del artículo 25 antes de introducir los puntos del, por lo que "si se aprueba la letra B se tiene que poner en relación a esta primera parte que también se aprueba y, por tanto, los proponentes están situando lo que proponen en el marco del artículo 25", expuso Ridao.

No obstante, fuentes independentistas opinan que la vinculación es sólo explícita en el caso del primer punto, mientras que no está claro que el segundo tenga que aprobarse forzosamente por mayoría absoluta.

Además, el secretario general de la Cámara, Xavier Muro -máximo responsable de los juristas del Parlament-, ha trasladado este lunes a los coordinadores de los grupos que el segundo apartado no requiere mayodía absoluta.

La discusión sobre la mayoría absoluta o simple viene condicionada por el hecho de que los diputados suspendidos no puedan votar, lo que deja a JxCat y ERC, con 59 votos, a merced de lo que decidan tanto los 4 escaños de la CUP como los 8 de CatECP, puesto que precisan de al menos 68 para la mayoría absoluta.

Aprobación de los 'comuns' y la CUP

El dictamen se aprobó en comisión con los votos de JxCat, ERC, CatECP y la CUP, aunque estas dos últimas formaciones puntualizaron que su 'sí' no era al contenido del texto, sino a elevarlo al pleno.

El resto de grupos no participaron en la votación al entender que el Parlament no puede decidir si acata una decisión judicial, pero mientras que PSC-Units y el PP sí participaron en el debate de la comisión, Cs se fue poco después de su comienzo tras expresar su rechazo al dictamen.

Asimismo, el grupo naranja anunció que está preparando una querella criminal contra los miembros de JxCat y ERC de la Mesa de la Cámara catalana por sus decisiones sobre los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo (TS), y que estudia incorporar al letrado Ridao porque consideran que debería haber advertido de que el dictamen es contrario a la ley.

La querella también incluirá a otras dos diputadas: la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), y Mónica Palacín (ERC) en tanto que miembros de la Mesa de la Comisión del Estatuto del Diputado, porque Cs cree que debería haber frenado el debate del informe.

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