El Juzgado de Primera Instancia número 8 ha dejado visto para sentencia este lunes el juicio promovido por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Ismael Ballester, teniente de alcalde de Callosa de Segura (Alicante), de Esquerra Unida País Valenciá, por supuesto delito de atentado contra su honor.

El proceso civil, que se ha celebrado en Valladolid debido a que la parte demandante tiene su sede en dicha capital, tiene su origen en la polémica surgida en torno al derribo de una cruz ubicada en la Plaza de la Iglesia de Callosa de Segura, que finalmente se llevó a término con la oposición de Abogados Cristianos y que derivó en unas declaraciones del demandado en rueda de prensa en las que les definió como una "plataforma claramente antidemocrática" a la que acusó de "denigrar los valores de libertad", a lo que añadió que "cada vez que abren la boca es para decir cualquier disparate".

El autor de dichas manifestaciones, durante el juicio celebrado en Valladolid, ha mantenido las mismas, ante lo cual la parte demandante ha solicitado una sentencia que fije una indemnización de 6.000 euros y la obligación de Ballester de que realice una rectificación pública.

"UN PALO MUY GRANDE A LA CONSTITUCIÓN"

La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, en declaraciones recogidas por Europa Press, confía en una sentencia condenatoria ya que en caso contrario "sería un palo muy grande a la democracia y la Constitución, pues supondría amparar que alguien se dedica a convocar ruedas de prensa para insultar".

"Lo de la indemnización es lo de menos, como si queda en algo meramente simbólico. Lo que queremos es una retractación pública", precisa Polonia Castellanos.

Pero además, la presidenta de este colectivo, integrado por una treintena de asociados, entre abogados y procuradores de distintos puntos de la geografía nacional, ha anunciado la posibilidad de promover otra acción contra Ismael Ballester tras afirmar este último que los gastos de asistencia jurídica los cubre el Ayuntamiento de Callosa, "es decir, todos los callosinos".

Y es que la asociación recuerda que la demanda interpuesta se dirige contra Ballester a título personal, en ningún caso como representante municipal, de ahí que no descarte emprender acciones legales contra el aludido por utilizar fondos municipales para su defensa particular.

"Es como si una empleada de telefónica insulta a alguien por teléfono y luego pretende que la empresa se haga cargo de su asistencia jurídica", critica Castellanos a modo de ejemplo.