Según los datos que baraja el Defensor del Pueblo, el juzgado que ordenó el desahucio por impago del alquiler no comunicó a los Servicios Sociales la existencia de una familia especialmente vulnerable por no conocer la edad de los afectados ni sus circunstancias económicas, apunta en una nota de prensa.

Por este motivo, Fernández Marugán ha pedido información a la Jueza Decana de Oviedo para evitar que se repitan este tipo de sucesos. En opinión del Defensor, casos como éste "ponen de manifiesto que hay que mejorar los mecanismos y protocolos existentes para evitar fallos en la coordinación entre las diferentes administraciones que deriven en situaciones como la vivida por esta pareja".