Así se ha pronunciado la 'popular' durante el pleno de este jueves, donde ha valorado la adjudicación del contrato para la redacción del PGOU por valor de 1,2 millones de euros y ha criticado que se "haya externalizado por completo, pudiendo realizarse por parte de los funcionarios de la casa, que llevan siete años trabajando en el proyecto, con las colaboraciones externas que se considerasen necesarias".

Según ha destacado, desde el año 2015, el PP ha impulsado "numerosas proposiciones para que se elaborase un nuevo Plan General durante esta legislatura, ya que a día de hoy contamos con un planeamiento del siglo pasado, totalmente obsoleto y sin adaptar a las necesidades reales de la Palma actual".

Así, ha calificado las promesas del alcalde de Palma, Antoni Noguera, y del exalcalde, José Hila, sobre la elaboración de un nuevo Plan, como "el gran engaño del Pacto".

Asimismo, ha indicado que "la pasada legislatura se dejó realizado un anteproyecto del mismo, por lo que el actual equipo de gobierno únicamente tenía que seguir el camino andado con los cambios que considerase". No obstante, "lo único que ha hecho el gobierno de izquierdas son 12 modificaciones puntuales a golpe de improvisación".

SON BANYA

Sobre el desalojo de Son Banya, la portavoz ha expresado su "total apoyo a la policía local de Palma y a los técnicos del Ayuntamiento, que acudieron a la zona a cumplir con su obligación y tuvieron que hacer frente altercados y acciones hostiles".

"Esperamos que, tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, se pueda continuar con el desalojo lo antes posible". Además, ha recordado que "las acciones que se están llevando a cabo vienen motivadas por el cumplimiento de una sentencia judicial" por lo que "se debe continuar".

Durán ha recordado el acuerdo adoptado por parte de todas las fuerzas políticas en relación con el cumplimiento de la sentencia relativa al desalojo de Son Banya y, ha pedido al Ayuntamiento, que, a la hora de realizar las reubicaciones, se siga el criterio establecido en el acuerdo y "no se siga enviando a familias a las zonas excluidas como Camp Redó y Verge de Lluc".