Manifestación por el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Vista de la manifestación convocada en Granada por el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. EFE

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple este viernes su primer año desde la aprobación en el Congreso de los Diputados, y lo hace en una semana especialmente dramática. Después de al menos cinco presuntos asesinatos machistas (dos niñas en Castellón, una mujer en Bilbao, otra en Granada y la última en Málaga) que elevan a 962 el número de asesinadas por sus parejas o exparejas desde que hay registros.

El primer aniversario del pacto deja al descubierto la excesiva lentitud con la que las distintas administraciones ponen en marcha medidas del histórico acuerdo político contra la lacra de la violencia machista debido a la falta de presupuestos.

El pacto fue aprobado con una financiación de 1.000 millones de euros, a repartir en cinco años. Los primeros 200 millones, correspondientes a 2018, a día de hoy todavía no han sido repartidos. El Gobierno dice que los ministerios ya disponen de los 80 millones que les corresponden. Interior, Educación y Sanidad son los tres que más fondos han recibido con cargo al pacto. Sin embargo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos todavía no han recibido la parte correspondiende de su partida presupuestaria, que asciende a 120 millones de euros.

La delegada del Gobierno para la Violencia machista, Pilar Llop, anuncia a 20minutos que una vez cumplimentados todos los documentos de las transferencias, los municipios y las autonomías deberían recibir su asignación "en los próximos días". Llop defiende la celeridad de su gestión, alegando que el reparto final de los 200 millones se hizo el 31 de julio de este año, en la primera conferencia sectorial de Igualdad con posterioridad a la moción de censura.

La asignación de fondos para acciones y medidas contra la violencia de género ha puesto en la picota al pacto desde el principio. Dolors Montserrat, ministra de Sanidad e Igualdad cuando se selló el acuerdo en el Congreso, anunció que repartiría los 200 millones de euros de 2018 a lo largo del primer trimestre. Sin embargo, en marzo el Gobierno decidió vincular esos fondos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Las Cuentas Generales que presentó Cristóbal Montoro (PP) en abril trajeron la sorpresa de que no contemplaban los 200 millones comprometidos para el pacto, sino solamente los 80 millones de la Administración Central. La movilización social de organizaciones feministas y de la oposición obligó al Partido Popular a enmendar las cuentas hasta incluir los 200 millones del pacto de Estado en los Presupuestos Generales.

Y en estas llegó la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente, y a la vicepresidenta Carmen Calvo como ministra de Igualdad. Con el cambio de Gobierno, han comenzado a dar los primeros pasos y medidas del pacto. "En julio aprobamos los criterios de reparto de los 120 millones de Comunidades y Ayuntamientos, que permitiría enviar el dinero directamente a estos últimos para que los consistorios puedan recuperar las competencias en igualdad y violencia de género", explica Llop.

El Gobierno, consciente de que el dinero que llegará a estas administraciones con poco plazo para poder gastarlo (básicamente tres meses: octubre, noviembre y diciembre), ha aprobado una disposición adicional por la que la cantidad asignada el año que viene, en 2019, no se verá afectada si no se ha gastado toda la partida de 2018, para no penalizar a municipios y Comunidades.

Llop recuerda, además, la aprobación en el mes de agosto de un real decreto ley por el que se mejora la asistencia jurídica a las víctimas, "que tienen derecho a un procurador desde el inicio de la causa". Sin embargo su departamento no sabe si ya está efectiva en los juzgados. El decreto incluye la transferencia directa de fondos a los Ayuntamientos y la modificación del consentimiento expreso del progenitor denunciado a la hora de autorizar la asistencia psicológica de los menores de edad víctimas de maltrato. "Más de 600.000 niños y niñas sufren en España esta situación y es necesario atenderlos cuanto antes, desde momentos tempranos y rapidamente", defiende Llop.

El segundo año del pacto: 2019

De cara al segundo año del pacto, el Gobierno elabora ya "una estrategia de prioridades, ministerio a ministerio". Para la delegada contra la Violencia de Género, las prioridades están en las medidas educativas, una ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual, y la protección de los menores víctimas de violencia de género. "En concreto dos medidas del pacto que proponen la prohibición de visitar a los padres en prisión por violencia de género y la suspensión de visitas cuando el menor haya presenciado situaciones de malos tratos". Llop recuerda, además, que ya se está tramitando en el Parlamento una proposición de ley para mejorar la formación en violencia de género a todos los operadores jurídicos.

Desde Unidos Podemos, que no votó a favor del pacto por considerarlo insuficiente, su portavoz de Igualdad Sofía Castañón considera probado en este primer año de vida que el acuerdo adolecía de "falta de calendarización y de dotación presupuestaria", lo que ha impedido "desarrollar medidas concretas, más allá de propuestas legislativas". De cara al segundo año del pacto, Podemos cree que habría que desarrollar medidas tendentes a la consideración de todas las víctimas de las violencias machistas, no exclusivamente las de dentro de la pareja. "No debería de haber víctimas de primera o de segunda en las violencias machistas, tendríamos que dar una ateción integral a todas las víctimas".

También coincidiendo con el primer aniversario del pacto, organizaciones sociales como Amnistía Internacional han calificado su puesta en práctica como "lenta e insuficiente, aunque en los últimos meses se han puesto en marcha algunas medidas. Amnistía destaca "la aprobación del decreto de medidas urgentes para el desarrollo del pacto; la aprobación de los criterios de reparto presupuestario tanto a ministerios como a comunidades autónomas o a ayuntamientos; la recopilación de datos estadísticos; o la constitución de una comisión interministerial para las diferentes reformas legislativas recogidas en el pacto".

Pero reclama "que el pacto no se quede en buenas palabras e intenciones sino que lleven a cabo acciones concretas para acabar con estas tragedias. Las víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual, no pueden seguir esperando. Es necesario que se pongan en marcha medidas urgentes y coordinadas entre todas las administraciones que aborden este problema", termina su comunicado.