El PDeCAT de Barcelona ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Ada Colau para apoyar la medida que obligará a los promotores de nueva vivienda y de grandes rehabilitaciones a destinar un 30% a vivienda protegida, que se votará este viernes en el pleno, han anunciado el exalcalde Xavier Trias, el concejal Jordi Martí y la candidata del partido a las municipales, Neus Munté.

Martí ha detallado en rueda de prensa este jueves que han llegado a un acuerdo político para que en el futuro se aprueben instrumentos de planeamiento urbanístico que permitan ubicar el 30% de vivienda protegida dentro del barrio -y no necesariamente en el mismo edificio-, y ha asegurado que plantean en un futuro que pueda extenderse al distrito.

También han acordado que los servicios técnicos del Ayuntamiento impulsen una nueva modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para que se pueda aumentar la densidad de las viviendas, algo que se estudiará en función de cada expediente para acelerar la construcción de pisos de protección, según él.

Para agilizar la tramitación de licencias de obra mayor, han acordado que un plan de choque para contratar a personal cualificado especialmente en los distritos de Sant Martí, Ciutat Vella y Eixample, ya que actualmente se están otorgando licencias con mucho retraso, y han acordado también que el Gobierno municipal tenga elaborado en seis meses un mapa de todas las parcelas catastrales que entrarán en el ámbito de la obligación del 30%.

Munté ha avanzado que propondrán que esta medida se extienda al área metropolitana, igual que la de ampliar el derecho preferente del Ayuntamiento de adquirir inmuebles -derecho de tanteo y retracto- a toda la ciudad: "Toda política en materia de vivienda se debe hacer en el ámbito metropolitano, o no tendrá la efectividad necesaria".

Además, ha anunciado que instarán a la Generalitat a buscar los apoyos necesarios para promover un cambio normativo y revisar los plazos en los que los pisos de protección oficial quedan descualificados como tal de forma automática o voluntaria para que lo sigan siendo: "No puede ser que pasados 20 o 30 años queden descualificados y pasen al mercado libre".

Trias ha sostenido que la política de vivienda debe fundamentarse en un gran acuerdo político, porque requiere medidas a medio y largo plazo y no sólo puntuales, y ha defendido que debe incluir también colaboración entre el sector público y el privado y "entender que Barcelona no está sola, sino dentro de un área metropolitana".

Ha recordado que su ejecutivo logró durante el pasado mandato 200 millones procedentes de la externalización de aparcamientos municipales para dedicarlos a construir vivienda pública de alquiler asequible, "cosa que el actual Gobierno ha aprovechado porque tiene la oportunidad de construir con este dinero".