La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha participado este jueves, junto con el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Luis Vargas, en unas jornadas sobre esta problemática organizadas por la Consejería de Justicia e Interior, donde ha advertido de que la mutilación genital femenina es "una forma de violencia de género que afecta a unos 140 millones de niñas y mujeres de todo el mundo, tanto en sus países de origen como en sus lugares de residencia".

En Andalucía hay un total de 1.741 niñas procedentes de países donde se practica la mutilación genial femenina (datos Fundación WASU-UAB), un grupo de riesgo al que el Gobierno andaluz dirige preferentemente los proyectos de concienciación y prevención.

Sandra García ha incidido en que la nueva Ley de Igualdad, que aprobó el Parlamento este pasado miércoles, introduce, entre otras novedades, la creación de una carta de derechos de la mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y la elaboración de un plan integral contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas.

Además, se ha referido a la reciente Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley contra la Violencia de Género de 2007, y que incluye ya la mutilación genital femenina como "una forma de violencia de género, obligando a la administración autonómica a establecer medidas específicas de actuación que permitan la detección y atención, con especial esfuerzo en la sensibilización a través de los medios de comunicación".

"La mutilación genital femenina es un delito", ha afirmado García, quien ha subrayado que se trata de una realidad que puede parecer "lejana al no ser una práctica cultural española, pero que afecta a miles de mujeres, especialmente niñas, que viven en España, y que pueden encontrarse nuestros profesionales del ámbito sanitario, social y educativo".

Por ello, la Junta cuenta con una guía para la concienciación sobre mutilaciones genitales femeninas con la finalidad de visibilizar este problema y dar claves a profesionales del ámbito sanitario, educativo y social. También se viene trabajando en arrojar luz para una mejor comprensión de lo que supone esta lacra en nuestro contexto y ya en 2015 el protocolo andaluz para la atención sanitaria ante la violencia de género recoge la mutilación genital femenina, guiando sobre su prevención, detección precoz e intervención.

El Gobierno andaluz también ha puesto en marcha un manual para profesionales en Andalucía que ha editado la Consejería de Justicia e Interior para facilitar la comprensión, la atención y la prevención, dado que gran parte de la población de origen inmigrante asentada en esta comunidad procede de países en los que está presente esta práctica.

García ha agradecido además el papel de las asociaciones de mujeres inmigrantes y de las ONG que colaboran con la Junta en Andalucía con proyectos de concienciación y formación de las familias, y que cuentan para ello con subvenciones públicas como las del IAM.

De hecho, el IAM ha destinado en 2017 un total de 193.600 euros para 15 programas con mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión, que prevén llegar, como el ejercicio anterior, a unas 2.600 personas. Los programas, que abarcan desde la acogida hasta la atención sociolaboral y sanitaria, permitirán también llegar a buena parte de las más de 1.700 niñas que hay en Andalucía procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina.