Pedro (42 años) siempre tuvo tres ilusiones en su vida: casarse, formar una familia y comprarse un piso. Este último deseo, sin embargo, se le está escapando poco a poco de las manos. En diciembre debe decidir, al igual que el resto de vecinos de las 1000 viviendas de protección oficial de Tres Cantos, si compra, continúa de alquiler o se marcha. Y es que tras siete años de arrendamiento, finaliza el periodo de protección pública de su vivienda, en manos del fondo buitre Fidere.

Pedro, que en realidad no es Pedro sino un nombre ficticio para preservar su identidad, sabe ya que tendrá que irse. El piso que en 2007 le tocó por sorteo y que celebró como si le hubiera tocado "la lotería" es ahora una ruina. "Cuando firmé, la Comunidad de Madrid decía que estos pisos, de 70m2, costaban 120.000 euros. Ahora nos piden 180.000 cuando tienen 55m2. El precio es desorbitado", denuncia.

En su contrato no figura la cuantía del inmueble. Además, según cuenta, nadie les informó entonces de que se les aplicaría un "coeficiente de actualización" que eleva el precio de la vivienda a 180.000. "Pedimos que no nos apliquen ese coeficiente o que, por lo menos, no se nos aplique el máximo (1,5%)", detalla a 20minutos Eva, una de las integrantes de la Asociación de afectados.

El Ayuntamiento de Tres Cantos, no obstante, es de otra opinión. "Es una confusión que hubo porque la Comunidad de Madrid dio esos datos en nota de prensa y es verdad que en los contratos no está bien explicado, pero si se hace el cálculo se ve que cuestan 180.000", explica Valentín Panojo, concejal de Urbanismo. "Ese precio lo conocen los vecinos desde hace 7 años".

Con estas cifras sobre la mesa, Pedro ya sabe que comprar no es una opción. Su situación personal es "crítica": con su sueldo de mileurista se ve obligado a hacer malabares para mantener a sus dos hijos y a su mujer, en el paro por una enfermedad degenerativa. La ilusión de tener un piso que dejar a sus hijos cada día "se viene más abajo". "Sé que como me vaya de aquí me olvido de comprar en otro sitio para siempre. El dinero que he invertido hasta ahora (casi 20.000 euros) se va a la basura".

Si la opción de compra es mala, la de alquiler no es mucho mejor. Ahora paga 560 euros al mes. La cifra a la que tendrá que hacer frente a partir de enero le da pavor porque pasará a costar 700. Y no se quedará ahí. En 2020 se incrementará a los 772,5 y en 2021 superará los 800, tal y como detalla la carta que le envió a casa hace una semana Fidere, el fondo buitre que en 2014 compró a FCC los 14 bloques de viviendas. Los gastos no están incluidos, de ahí que los vecinos denuncien el "abusivo" precio del alquiler. "Me tengo que ir", cuenta con el dolor de quien ha perdido toda esperanza. "Vas al banco y se ríen de ti. Ha habido meses que tenía la cuenta a 15 euros. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes si suben el precio?", se pregunta.

En enero, estas urbanizaciones –que sorteó la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre junto al Ayuntamiento de Tres Cantos– dejarán de ser VPO para convertirse en vivienda libre. "El propietario puede liberalizar el precio", asegura el concejal de Urbanismo. "Pero hemos conseguido que la subida se aplique de forma progresiva y estudiaremos los casos más vulnerables. La mala suerte es que ha coincidido con la burbuja del alquiler a nivel nacional".

Fidere, por su parte, defiende que el arrendamiento "está muy por debajo del mercado". "En 2021, cuando se alcancen los 830 euros, el precio de mercado estará a precios superiores a los 900. La propuesta es atractiva ya que, según nuestras previsiones, la aceptarán un 70-80% de los inquilinos".

Los vecinos, no obstante, discrepan rotundamente. "A mí me tocó la vivienda en 2007 porque cumplía los requisitos que me pedían, entre ellos el de una renta baja. Si mi situación fuera otra, no estaría viviendo en una vivienda de protección oficial. Nos están echando", dice Pedro. Esa opinión la comparten muchos inquilinos de las 1000 viviendas. "Siento que están protegiendo al fondo buitre en vez de a nosotros", comenta indignada Mónica, de 46 años. "Si tuviéramos ese dinero, no estaríamos aquí", expresa otra vecina, Esther.

A medida que la fecha se acerca, Pedro asimila poco a poco lo que se va a ver obligado a hacer: dejar la casa que desde 2007 siempre pensó que sería suya y de sus hijos por unas condiciones que considera "abusivas". Para él sus "sueños" han quedado "rotos" por las "falsas promesas" que le hicieron.

Los primeros documentos de la Comunidad de Madrid hablaban de 765 pisos protegidos del Plan de Vivienda Joven 2005-2008 en Nuevo Tres Cantos, aunque finalmente fueron 1.000, reduciendo su espacio útil de 70m2 a 55. En 2004, dimitió el exconcejal del PP Antonio Reino por una grabación en la que decía que quería su "11%" y en 2006 el PSOE denunció  que familiares de Esperanza Aguirre ganaron 8 millones  con la compra de un terreno "rústico" y  su posterior venta como "urbanizable".