De este modo, esta norma, que deberá ahora seguir su trámite con la presentación de enmiendas parciales, prevé generar un nuevo impuesto por el almacenamiento temporal de los residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña, una medida con la que la Junta prevé recaudar 10 millones de euros que ya se incluyeron en el presupuesto de 2018.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de exponer ante la Cámara la finalidad de este gravamen ante la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien se encuentra en Bruselas para acompañar al Comité de Empresa de Vestas.

Esta situación ha provocado la ironía del procurador socialista José Francisco Martín, quien ha asegurado que Del Olmo no quería defender este tributo porque sabe que "es muy malo" a pesar de que "lo ha hecho ella". Para el procurador socialista este tributo no es más que el resultado de una "pataleta" del PSOE después de haberse quedado "con el culo al aire" con su defensa al mantenimiento de la central.

"De la noche a la mañana llega Nuclenor por acciones económicas decide cerrarla y les pilla con el culo al aire", ha lamentado, tras lo que ha basado su enmienda a la totalidad en que esta norma regula "el peor impuesto de la historia autonómica", ya que "no va a recaudar ni un euro".

En su intervención ante la Cámara José Francisco Martín ha insistido en que la Ley que hoy da su primer paso en la Cámara es contraria a derecho porque no existe hecho imponible, ya que se refiere a un "riesgo" de alterar el medio ambiente, al tiempo que ha reseñado que en todo caso el sujeto pasivo será Enresa, por lo que la consecuencia será que esta "pataleta" la paguen "todos los ciudadanos".

Por último, ha insistido en que la norma no tiene el respaldo ni de la Asesoría General ni del Consejo Consultivo precisamente por la ausencia de "hecho imponible". No obstante, ha avanzado que medianta enmiendas parciales exigirán que se pongan 10 millones de euros para reindustrializar la zona, "todo lo demás es postureo".

Frente a estas acusaciones el procurador 'popular' Salvador Cruz ha defendido el impuesto y ha recordado que la Junta está dispuesta a impulsar un Plan de Reindustrialización en la zona, algo que, como ha señalado, el PSOE no ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez. "Se oponen a invertir en una comarca que ha sufrido una falta de actividad injusta", ha concluido.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha considerado que no es "coherente" que ante la situación que vive Garoña la respuesta haya sido un "impuesto" a un "riesgo", algo que ha motivado su respaldo a la enmienda a la totalidad, algo que ha compartido el procurador de Podemos Félix Díez Romero, quien finalmente se abstuvo en la votación tras señalar que este gravamen puede ser declarado inconstitucional.

"No estamos de acuerdo con la enmienda y tampoco con el impuesto", ha zanjado Díez.

LA LEY

El proyecto de Ley presentado por la Junta modifica la normativa vigente sobre el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para gravar el daño medioambiental por el almacenamiento temporal de residuos en plantas nucleares con el principal objetivo de "minimizar" al máximo el tiempo durante el que estarán depositadas en territorio de Castilla y León las barras de combustible nuclear gastado procedentes del desmantelamiento del reactor de Santa María de Garoña, con sede en Burgos.

Este texto legislativo que recoge de manera expresa la obligación de dedicar los ingresos procedentes de este gravamen a programas de gasto de inversión en la zona de influencia de la central nuclear burgalesa. Además, Castilla y León ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado que, en el caso de Garoña, se traducirá en esa recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.