El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado la detención de 40 militares de Ruanda por los delitos de genocidio y terrorismo, a los que acusa de la muerte de cuatro millones de ruandeses en los noventa y del asesinato de seis españoles, entre ellos tres misioneros y tres civiles.

El juez no ha podido procesar al actual presidente del país africano, Paul Kagame, porque, como jefe de Estado, tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero existen "sólidos indicios" de su implicación en otros delitos de lesa humanidad.

Aunque Kagane pertenece a la minoría Tutsi, si intervino en los conflictos posteriores al genocidio ruandés, que supusieron su rápido ascenso al poder, convirtiéndose en el presidente de Ruanda en marzo de 2000. En esta época se siguieron produciendo cientos de muertes y procesos de exterminio, en los que si pudo intervenir Kagane, aunque nunca se ha demostrado.

La estrategia de exterminio, según Andreu, culminó "bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista" del Congo.

Entre estos crímenes, Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Este fue el caso del

El Tribunal Penal Internacional de la ONU para Ruanda, que funciona en Tanzania, ha acusado en los últimos años a más de 80 personas por delitos relacionados con el genocidio desde su creación en 1994.