Con este decreto, el Ejecutivo del Principado cumple su "compromiso" y atiende la "necesidad" de cubrir un vacío normativo al ser de las pocas comunidades que no disponían de regulación, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, acompañado por el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez.

Con esta regulación, se fijan dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis meses para varias intervenciones quirúrgicas.

En concreto, se garantiza una espera máxima de 60 días para mamografías, resonancias, ecografías, colonoscopias y tacs; y las operaciones de cirugía cardiaca (vascular y coronaria), cataratas, histerectomías o implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo como mucho en 180 días.

En relación con las consultas de especialidades, se adoptarán medidas organizativas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología.

Para ello, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad y ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el servicio de atención al ciudadano.

Además, se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.

Igualmente, se constituirán dos comisiones: una técnica para analizar las situaciones de las listas de espera, y otra de participación ciudadana que sustituirá a la comisión de listas de espera que operaba hasta ahora.

Para ofrecer la atención en los plazos fijados, los pacientes serán informados de la posibilidad de recibir asistencia en otro centro de la red pública para agilizar los procesos. "El ciudadano es libre para tomar la decisión", ha remarcado el consejero, indicando que el rechazo a la derivación puede implicar "pérdida de garantía" aunque ha asegurado que "no se va al final de la lista".

"No es una guía sino una norma con rango de decreto, es una norma de trabajo y con objetivos claros a cumplir", ha remarcado el consejero, explicando que se ofrecerán derivaciones a cualquier otro hospital de la red sanitaria pública para que no se rebasen los plazos fijados, pero no están contempladas las derivaciones a centros privados.

El titular de Sanidad ha destacado el "trabajo duro" realizado durante los últimos años para asegurar estos plazos de atención con una respuesta en red desde el servicio público. Asimismo, ha defendido que el sistema sanitario asturiano dispone de las instalaciones, los equipos y los profesionales necesarios para cumplir los plazos máximos de demora fijados en el decreto.