La no admisión no significa expulsión. Es uno de los argumentos que ha esgrimido este miércoles el representante del Gobierno español ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la vista del caso de las dos devoluciones en caliente —en la valla de Melilla en 2014— que ya supuso un revés judicial para nuestro país el año pasado.

El abogado del Estado Rafael León ha cuestionado la versión de los denunciantes, dos migrantes, uno de Mali y otro de Costa de Marfil, que intentaron cruzar la frontera y llegaron a encaramarse a la valla durante horas. Según dijo el tribunal de Estrasburgo en el primer fallo, estos no fueron identificados ni tuvieron la oportunidad de exponer sus circunstancias; España cuestiona hasta que estuvieran ahí.

El tribunal condenó a España en 2017 por este caso y por violación de la Convención de Derechos Humanos al considerar que los migrantes sufrieron ese día, junto a otros, una expulsión colectiva, prohibida en el derecho internacional. El Gobierno de Rajoy recurrió el fallo y el de Sánchez no solo mantuvo el recurso, sino que ha defendido su actuación y la de la Guardia Civil.

León ha reclamado una nueva sentencia justa y ha criticado la primera. "España conoce sus obligaciones", ha dicho, y ha negado rotundamente que en nuestro país se realicen "expulsiones sumarias". El Gobierno cree que la sentencia de condena beneficia a aquellos que se lucran con la migración irregular y daña a los cuerpos de seguridad.

El representante español ha recordado, asimismo, que el Ejecutivo es sensible a la cuestión migratoria y que así lo ha demostrado en la gestión de crisis como la del barco Aquarius. En todo caso, ha afirmado, el rechazo de los demandantes en la valla de Melilla en 2014, a los que ha tildado de migrantes "económicos", se efectuó conforme a las leyes vigentes, españolas y europeas.

Es más, asegura que no basta con "tocar la valla" para quede establecida la jurisdicción a la que deben someterse los migrantes. La Defensora del Pueblo de entonces, Soledad Becerril, dijo en su día que toda la valla de Melilla, incluido el espacio entre las tres que componen el conjunto, es España. Y el tribunal dejó claro en su primer fallo que la jurisdicción no queda determinada por el lugar, sino por la autoridad que tiene el control.

León ha dicho a los jueces que la valla de Melilla "no es un muro" y que cualquiera puede pedir asilo legalmente, pero que nos denunciantes no lo hicieron cuando pudieron. Y ha recordado algunos episodios violentos recientes, con el resultado de varias hospitalizaciones de agentes: "Ustedes (los jueces) están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?".

También ha argumentado que en el vídeo que se ha presentado como prueba de los hechos no es posible reconocerlos, que no hay evidencia de maltrato por parte de ninguna fuerza de seguridad y que, para el Gobierno de España, Marruecos no es un país inseguro. España lo único que hizo, ha aseverado, fue actuar para "prevenir" la entrada de los migrantes.

La sentencia tardará varios meses. Y podría incluir, como ya hizo el primer fallo, referencias a la reforma de 2015 que 'legalizó' este tipo de actuaciones a través Ley de Seguridad Ciudadana, aunque no estuviera vigente cuando sucedieron los hechos; el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo hace poco que actuará en consecuencia si el fallo condena la política migratoria española. Las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento.

Los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, han defendido los argumentos de la primera sentencia y creen que "España intenta justificar su comportamiento ilegal por la presión migratoria".

El letrado español explicó después de la vista a la prensa que "Pedro Sánchez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley mordaza, que va en nuestra línea" y que este miércoles ha defendido "una línea totalmente opuesta" a esa. Ha acusado a España de "generar confusión", ya que en su opinión se quiere centrar el caso en la cuestión del asilo y "nosotros lo que decimos es que tenían derecho a ser identificados y a un recurso efectivo".

Por su parte, la representante de la Agencia de la ONU para los refugiados, Grainne O'Hara, y la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, consideraron por su parte que la presión migratoria "no justifica actuar sin los valores del Convenio". O'Hara recordó que, en los últimos años, "1.500 personas han sido expulsadas sin identificar en Ceuta y Melilla".