Concentración de ciclistas a las puertas de los juzgados.
Concentración de ciclistas a las puertas de los juzgados. EUROPA PRESS

El caso de los dos ciclistas que fueron arrollados por un camión en febrero de 2016 en la Ronda Exterior de Valladolid (VA-30), con el resultado de un fallecido y un herido grave, deberá retornar al Juzgado de Instrucción número 3 tras decretar el juez de lo Penal 3, encargado de celebrar el juicio, nulidad de actuaciones al comprobar que el transportista no contó con abogado en buena parte de la fase instructora.

La alegación planteada el pasado día 20, como cuestión previa, por la defensora del camionero el primer día de la vista oral llevó al magistrado encargado de enjuiciar los hechos a suspender el proceso para estudiar lo ocurrido y ahora, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, a estimar tal circunstancia al observar un claro caso de indefensión del encausado.

En su auto, contra el que no cabe recurso, el juez de lo Penal 3 dicta la nulidad de lo actuado en fase de instrucción al producirse la indefensión del camionero de origen portugués, Andrés dos S.C, por "omisión de la asistencia letrada durante las diligencias probatorias, con excepción de su declaración en calidad de investigado y las pruebas forense y periciales policiales, respecto las que la defensa podrá solicitar aclaración complementaria".

Ante ello, el magistrado resuelve devolver lo actuado a Instrucción número 3 para "subsanar los defectos en las pruebas interrogatorias de los testigos, con la posibilidad de intervención de la defensa".

De hecho, la defensora advirtió la pasada semana que no había intervenido a lo largo de todo el proceso ya que su designación como representante legal del camionero se produjo el 7 de noviembre de 2016, casi nueve meses de iniciarse la investigación judicial, por lo que su actuación se limitó a elaborar el escrito de calificación provisional de los hechos.

NUEVO RETRASO DEL JUICIO

La resolución judicial estimatoria de la alegación de la defensa supondrá un nuevo retraso en el procedimiento, con lo que una vez que vuelvan a celebrarse todas las testificales, el juicio podría demorarse más de un año, algo que ya la pasada semana fue acogido como un mazazo por las familias del ciclista fallecido y del herido, que ese día estuvieron arropados a las puertas de los juzgados por casi un centenar de ciclistas uniformados con sus maillots y provistos de sus bicicletas que se concentraron tras una gran pancarta en la que se podía leer 'Respeta mi espacio. Respeta mi vida'.

El accidente se produjo sobre las 14.34 horas del 25 de febrero de 2016, cuando el transportista luso, al volante de un vehículo articulado compuesto por la cabeza tractora y un semirremolque, circulaba por el carril derecho de los dos existentes de la Autovía VA-30 (A-62 Cabezón de Pisuerga-A-62 Arroyo de la Encomienda) y, "como consecuencia de ir desatento a las incidencias del tráfico", según las acusaciones, bien por ir consultando el GPS o mirando el whatsapp, arrolló a dos ciclistas a la altura del kilómetro 18,700.

El acusado no se percató de que por el arcén circulaban dos bicicletas conducidas por Jesús Negro y Aitor Martínez, de 35 y 43 años, respectivamente, el primero de los cuales falleció a causa de un politraumatismo y una hemorragia aguda, mientras que el segundo quedó malherido y sufrió importantes secuelas.

Las acusaciones pública y particulares tipifican los hechos como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave y solicitan penas que oscilan entre los tres años de privación de libertad, según el escrito de calificación del fiscal, y los cuatro y cinco años pedidos, respectivamente, por el letrado del herido grave y del ciclista fallecido.

Los acusadores interesan igualmente la privación del carné de conducir del transportista por espacio de entre cuatro y ocho años, petición esta última realizada por el representante legal de la víctima mortal.

En concepto de indemnizaciones, con responsabilidad civil directa de Allianz y subsidiaria de Transportes Couto S.A. y Transportes Nordestinos LDA, el fiscal pide para la familia del fallecido un total de 232.620 euros, de ellos 50.400 para su padre, 15.400 para cada uno de sus tres hermanos y más de 128.500 para su entonces pareja sentimental, percepción esta última de la que discrepa la aseguradora ya que ésta considera a la novia como "allegada".

Por su parte, la acusación pública cifra en más de 40.000 euros las indemnizaciones para el otro ciclista que quedó gravemente herido.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.