El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha valorado este lunes que se reconozca "la sensibilidad" del Ayuntamiento de Málaga y "la preocupación por lo social también desde el punto de vista fiscal", después de que el Defensor del Pueblo Andaluz haya puesto al Consistorio malagueño como ejemplo de institución que no actúa contra sus contribuyentes sin ingreso.

Conde ha afirmado que desde el Consistorio "estamos entusiasmados" con "la defensa al ultranza" que ha hecho Jesús Maeztu, agregando que "pone en valor ese trabajo que hace más de dos años hizo el Ayuntamiento de Málaga a través de Gestrisam".

"La realidad, la crudeza de la crisis, si algo ha evidenciado es que había situaciones que aunque fueran de carácter temporal asfixiaban a las familias", ha afirmado, añadiendo que "cada vez había muchas más personas que tenían una situación de clara necesidad".

Al respecto, ha explicado que "cuando una familia tenía un embargo, por pequeño que fuera, la ley obliga a que la administración tributaria tenga que embargar todos los bienes que sean enajenables" y, en este sentido, ha dicho que el Consistorio, "sensibles a esta situación", consiguió, "dentro de la legalidad vigente, colocarse en medio de la deuda y del deudor para proteger especialmente a los que menos ingresos tenían".

Así, ha continuado, se creó la figura de "insolvencia provisional", por el que mediante un registro las personas que se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional quedan automáticamente, o bien de oficio o bien a instancia de partes, en él y "se consigue que estas personas no estén en vilo esperando que en un momento dado una deuda congele su cuenta y no puedan acceder a la misma", lamentando que "las necesidades básicas quedan automáticamente paralizadas por la insensibilidad de una administración".

"No sólo ha habido un reconocimiento por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias como buena práctica, exportable a otros municipios, sino que, además, ya hay otras instituciones, en este caso del Defensor del Pueblo Andaluz, que apremia al resto de consistorios a copiar lo que es esta buena práctica del Consistorio malagueño", ha valorado.

Conde ha afirmado que "la realidad es que todavía hay personas que lo están pasando mal y todavía podemos, de alguna manera, proteger a estas personas de esa situación". "Esa sensibilidad del Ayuntamiento de Málaga y esta preocupación por lo social también desde el punto de vista fiscal es lo que, de alguna manera, vemos compensado por este reconocimiento que nos hace el Defensor del Pueblo Andaluz", ha incidido.

El también portavoz del equipo de gobierno del PP, por otro lado, ha explicado que a las personas "no se les quita la deuda", sino que con la práctica que realiza el Consistorio lo que se busca es que "el tiempo que la persona lo esté pasando mal a nivel de ingresos no tenga la situación en la que una deuda esté trabándole la cuenta y congelando sus ingresos".

Igual, ha dicho, ocurre con los bienes inmuebles: "El Ayuntamiento de Málaga, aunque se embargue el bien, en este caso, por ejemplo, la casa, nunca se enajena". "Esa máxima siempre la hemos aplicado, la vivienda habitual no puede, de ninguna manera, ser enajenada, la dejamos con el embargo y pendiente de que la deuda termine cumplimentandose".

Eso sí, ha agregado que existen muchas otras casuísticas donde una simple deuda, de una pequeña pensión, traía consigo que se trababa la cuenta y, por lo tanto, esa persona dejaba de tener acceso a sus mínimos ingresos para su manutención". "Esta realidad se ha visto con más intensidad en los momentos de la crisis y es por la que allá por 2015 decidimos dar un paso más e innovar, que siempre lo hacemos, en materia de fiscalidad social", ha valorado.

Por otro lado, ha señalado que se está observando que, a medida que pasa el tiempo, "afortunadamente la gente está recuperando la economía, hay más empleo, aún no el suficiente, pero cada vez las familias empiezan a pasar a una situación de mejoría económica y salen de ese registro".

A día de hoy en el registro hay censadas 364 familias malagueñas "que no tienen recursos económicos, que tienen deudas y que están en esta situación de protección que Gestrisam les da". En importe de las deudas de las familias son unos 550.000 euros, aproximadamente.