El Gobierno de Pedro Sánchez eliminó el veto sobre la proposición de ley de la Cámara gallega que pide transferir la titularidad de la AP-9 -cuya concesión está en manos de Audasa (Grupo Itínere). Como ha informado Europa Press en días pasados, el Congreso baraja noviembre para debatir esta iniciativa, ya que únicamente tiene una propuesta legislativa de Murcia por delante.

La ley que aprobaron en marzo de 2016 todos los grupos políticos gallegos fue bloqueada por el Gobierno de Mariano Rajoy por cuestiones presupuestarias y esgrimiendo que la vía conectaba con Portugal (aunque en realidad desemboca en una autovía que es la que conduce a la frontera). De esta manera, la Cámara autonómica volvió a aprobar el mismo texto eliminando la referencia al rescate de la AP-9, pero el Ejecutivo central volvió a veta el texto, y una tercera vez con el mismo contenido que en 2017 (este verano de 2018).

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa, Leiceaga ha advertido de que la propuesta que envió el Parlamento de Galicia en 2016 "fue modificada sustancialmente" y, por ello, hay que "hacer una evaluación de conjunto" de como se puede abordar la cuestión ahora. "El propio Parlamento se modificó a sí mismo", ha advertido.

"¿Esto evita que se pueda tomar en consideración? No, no lo evita, porque puede modificarse", ha señalado Leiceaga. Es decir, los socialistas gallegos defienden que se pueda tramitar la ley que está desbloqueada, pero son partidarios de eliminar la referencia al rescate.

Así, preguntado expresamente por si está a favor sí o no del rescate de la AP-9 para su incorporación a lo público, Leiceaga ha contestado que es partidario de dar ese debate con posterioridad, en la Comisión Mixta de Transferencias. No ha aclarado, por otro lado, cuál será la postura de su grupo en el Congreso al respecto de tramitar la ley de transferencia de la AP-9.

"Entiendo que la posición válida es la última", ha argumentado Leiceaga, después de señalar que sobre la primera de las normativas se concluyó, según dijo, que suponía unos "costes inasumibles" para las arcas públicas. Por eso, cree que hay que dejar para después de la transferencia de la titularidad "los términos de las relaciones financieras entre Estado y Xunta derivadas de la transferencia".

El dirigente socialista es partidario de "recuperar lo que se votó en 2017 y 2018" y recordó que estos dos textos contaron con el apoyo unánime de los demás grupos.

Con todo, BNG y En Marea han vuelto a reclamar este lunes al PSOE que desvele su postura y que no evite su tramitación en las Cortes. Ambas formaciones, además, se abstuvieron en la votación de la ponencia de la ley de 2018, puesto que reclamaban incorporar la cuestión del rescate una vez que hubo el cambio de Gobierno en La Moncloa y que, a su juicio, la eliminación de esta referencia ya no era necesaria para salvar el veto del Ejecutivo del PP.