La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo del caso del máster de Pablo Casado.

El Alto Tribunal le instó a pronunciarse —aunque su opinión no sea vinculante— sobre si debía investigarlo o no por supuestas irregularidades en la obtención del título, tal y como le había pedido el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid atendiendo a la condición de aforado del presidente del PP.

El juzgado halló en la actuación de Casado indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y cohecho impropio en relación con el máster cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009.

La Fiscalía considera que los indicios de prevaricación "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez" mientras que el presunto cohecho habría prescrito. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo preguntó al Ministerio Público el pasado día 13 si compartía los indicios de delitos que señaló en su exposición razonada la juez que inició la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

En su informe, de 8 páginas, la Fiscalía responde de forma contundente que los indicios en los que se basa dicha exposición razonada "no son lo suficientemente consistentes ni aportan un nivel suficiente de solidez que permita aconsejar la apertura de un procedimiento, que sería meramente prospectivo, al no existir indicios incontestables de la existencia de responsabilidad penal por parte del aforado, ni haber quedado acreditado de forma alguna, ni siquiera indiciaria, que existiera concierto del señor Casado Blanco con cualquiera de los demás investigados".

La Fiscalía tampoco encuentra en la exposición razonada dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria -al menos en relación con el aforado-, la existencia de un concierto previo del exdirector del  Instituto de Derecho Públco Enrique Álvarez Conde, principal investigado en el procedimiento que se instruye en el juzgado ordenario, con lo que se denomina en la exposición razonada "un grupo de alumnos escogidos" para matricularse en el máster.

Cohecho prescrito

Por otra parte, y en relación con el cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, el fiscal considera que la pena señalada por este delito implicaría la ineludible prescripción del mismo, y sólo tendría trascendencia penal si hubiera un concurso medial con el de prevaricación administrativa, y se admitiera la participación del aforado en régimen de cooperación necesaria. Esta cuestión se rechaza por las razones anteriormente expuestas.

El escrito del fiscal recuerda los requisitos exigidos por el Tribunal Supremo en numerosos pronunciamientos para justificar la apertura de un procedimiento penal en esta instancia, y tras analizar la exposición razonada, concluye que carece del sustrato necesario como para que pueda ser tenida en cuenta por el alto tribunal.

El escrito mantiene un criterio diametralmente opuesto a la juez del caso, en cuya exposición razonada mantenía que Casado, junto a un grupo de alumnas con vínculos políticos o personales con miembros de la universidad, pudieron conseguir el título como "regalo o prebenda sin mérito académico alguno" por parte del director de estos estudios, el catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.

El tribunal que solicitó el informe al Ministerio Público está compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, los magistrados Pablo Llarena, Francisco Monterde, Ana Ferrer y Miguel Colmenero, este último ponente de la resolución que acuerde si finalmente Casado es investigado o no.

Precisamente este viernes, la Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado que ha archivado la investigación sobre la Licenciatura de ADE de Casado tras no detectar irregularidades.