Ganado porcino en una granja de Cefusa
Ganado porcino en una granja de Cefusa ELPOZO ALIMENTACIÓN - Archivo

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará la próxima semana la norma por la que se amplía hasta los dos kilómetros la distancia para la instalación de granjas de porcino entre estas y los núcleos urbanos.

Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el pleno de las Cortes, en respuesta a una pregunta oral formulada por la diputada del PP Cesárea Arnedo, sobre las medidas que pretende ofrecer el Gobierno regional a los problemas que generan las macrogranjas de cerdos.

Martínez Arroyo ha destacado que Castilla-La Mancha será la primera región en ampliar esta distancia y ha reprochado a Arnedo, como alcaldesa de Alpera, que sea ella la que pida soluciones cuando en su pueblo en 2017 dijo que había compatibilidad con la instalación de una granja y en 2018 dice que no. "No vaya a pedirnos explicaciones cuando el problema lo ha generado usted".

AGRESIONES SANITARIAS

De otro lado, en respuesta a una pregunta oral de la diputada del PP Ana Guarinos sobre la agresión registrada en el Centro de Salud de El Casar (Guadalajara), en octubre de 2017, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha explicado que desde esa fecha hasta día de hoy no se ha producido ninguna agresión física a personal sanitario de la región, aunque sí se han registrado seis de tipo verbal.

Sobre las actuaciones realizadas tras la agresión de El Casar, Fernández Sanz ha señalado que se están haciendo cosas tanto en materia de seguridad como en materia de sanidad, y ha indicado que tras lo ocurrido se comprobaron los botones antipánico, se pusieron dos puertas nuevas y cámaras de grabación y se constituyó una comisión, con Guardia Civil y Policía, por lo que "decir que no se ha hecho nada no es justo", ha añadido.

CRÍTICAS A HERRANZ

De su lado, la diputada del PP Cortes Valentín ha preguntado a la consejera para el Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, sobre la "baja ejecución" de las partidas dirigidas a garantías ciudadanas a 31 de mayo de 2018, al tiempo que ha criticado su "nulo trabajo" en la Consejería.

Herranz ha defendido que se trata de subvenciones correspondientes en su mayoría a los cinco primeros meses del ejercicio y que hasta que no se justifican no reflejan el gasto total que suponen, rechazando el porcentaje de ejecución al que se refería la diputada del PP.

PACTO POR TALAVERA

De otro lado, el vicepresidente primero del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que para dar cumplimiento al Pacto por la Recuperación de Talavera de la Reina y su comarca "no ha sido necesario hacer ninguna modificación presupuestaria", en respuesta a una pregunta oral en este sentido formulada por la diputada Carolina Agudo.

Dicho esto, Martínez Guijarro ha precisado que si se ha hecho un plan para recuperar Talavera es "por los recortes" que el PP llevó a la ciudad y porque "masacraron Talavera durante la anterior legislatura". Agudo, que ha lamentado que el vicepresidente se quede "tan pancho" con su respuesta, ha acusado al Ejecutivo regional de "burlarse de nuevo" de la Ciudad de la Cerámica y sus vecinos.

MÁS CUESTIONES AGRARIAS

De otro lado, la diputada Lola Merino ha preguntado por el incumplimiento del 'Acuerdo de Tomelloso' sobre agricultura ecológica en 2016, a lo que Arroyo ha señalado que su departamento trabaja en el Plan Estratégico de Agricultura Ecológica que el Gobierno del PP no llevó a cabo, al tiempo que ha destacado que la inversión en ayudas en este ámbito supera en un 87% a la inversión de los 'populares'.

Finalmente, el diputado de Podemos David Llorente ha preguntado por el motivo por el cual el Ejecutivo concede ayudas públicas para el Fomento de la Calidad Agroalimentaria (Focal) a grandes empresas no siendo "obligatorio", como sucede con Incarlopsa en la provincia de Cuenca, a lo que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha contestado que "porque lo permite la normativa" y porque esas ayudas "son necesarias para aumentar el empleo en Castilla-La Mancha". Además, ha recordado que ni se incumple la normativa medioambiental ni se anteponen intereses entre beneficiarios.

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