La Fiscalía solicita siete años y medio de prisión para el exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Ourense por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, revelación de secretos continuado y omisión de perseguir delitos.

Asimismo, ha pedido para éste la inhabilitación absoluta de 15 años y una multa de 300.000 euros por el primer delito; multa de 18 meses con una cuota de 12 euros diarios e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante tres años por el segundo; así como 15 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por la tercera infracción.

Los hechos se circunscriben a la Operación Zamburiña, iniciada a finales del mes de noviembre de 2014 por el Grupo IV de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisaría Provincial de Ourense, que comenzó una investigación sobre varios agentes de la Policía Nacional de esta misma ciudad a los cuales se les descubrieron posteriormente "actuaciones sumamente anómalas al margen de todo control y de la ley", señala el escrito fiscal.

Según indica la fiscala del caso, que acusa hasta a 13 personas por varios delitos relacionados con el tráfico de drogas -cuatro agentes y nueve miembros de bandas de tráfico de estupefacientes-, se puso de manifiesto a través de conversaciones interceptadas, vigilancias y acceso a base de datos que el exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Ourense y dos agentes de esta unidad "mantenían con personas dedicadas al tráfico de sustancias nocivas para la salud una colaboración simbiótica".

"PROTECCIÓN" A LOS TRAFICANTES

El Ministerio Público asegura que los tres agentes se aprovechaban de su cargo para prestar y dar cobertura a las distintas actividades contra la salud pública llevadas a cabo por los nueve acusados pertenecientes a dos grupos distintos de tráfico de estupefacientes.

"Les otorgaban protección en sus actividades ilícitas y les facilitaban información sobre actuaciones periciales y otros datos, al tiempo que eliminaban competencia de éstos a través de la detención de personas dedicadas a lo mismo, planificando operaciones y concretando objetivos", recoge el escrito de acusación.

A su vez, el Ministerio Fiscal destaca que los agentes señalados conseguían "crédito corporativo sin apenas esfuerzo" a través de la realización de operaciones policiales "aparentemente exitosas".

Como ejemplo, apunta al exjefe antidrogas, "que, en el inicio de la investigación, se encontraba destinado en la brigada de seguridad ciudadana" y fue "nombrado el 12 de diciembre de 2014 jefe del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Ourense".

PETICIÓN DE FISCALÍA PARA LOS AGENTES

La Fiscalía ha pedido para dos de los tres agentes acusados restantes penas de prisión que superan los seis años.

Así, ha solicitado para uno de los miembros del Grupo de Estupefacientes de la Policía siete años y nueve meses de prisión, una multa de 300.000 euros y otra de 12 euros diarios durante 18 meses, y la inhabilitación absoluta de 12 años y de 3 años para cargo o empleo público por delito contra la salud pública, revelación de secretos continuado, omisión de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas.

Por otra parte, ha demandado para la otra funcionaria que formaba parte del Grupo de Estupefacientes de la Policía seis años y tres meses de prisión, una multa similar al anterior sujeto e inhabilitación absoluta de 12 años para cargo o empleo público durante tres años por un delito contra la salud pública y otro de revelación de secretos continuado.

Para el cuarto agente, de la misma unidad que los anteriores, la fiscala ha solicitado una multa de 12 euros diarios durante 15 meses y la inhabilitación especial para cargo o empleo público durante dos años por el delito de revelación de secretos.

ACUSACIÓN PARA LOS TRAFICANTES

Asimismo, a través de la investigación, se constató la existencia de dos grupos de personas -considerados criminales por la Fiscalía- - dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes formados por cinco y cuatro miembros, de los cuales uno de ellos colaboraba y participaba en la compra de droga con el otro grupo.

Los nueve miembros se enfrentan a penas de prisión de entre 13 años -para la encargada de distribuir funciones y órdenes en su grupo- y siete años y tres meses, así como a multas que llegan en cinco supuestos a superar el millón de euros.

Fiscalía los acusa de varios delitos: grupo criminal -todos ellos-, tenencia ilícita de armas -dos de ellos- y delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud -los nueve acusados-.

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Ourense, aunque todavía no está señalada la fecha de celebración de la sesión oral en la que trece personas se sentarán en banquillo de los acusados para abordar una cuestión cuya investigación se inició a finales del año 2014.

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