Vista del Hospital de Valme de Sevilla
Vista del Hospital de Valme de Sevilla EUROPA PRESS/HOSPITAL DE VALME DE SEVILLA

Solicitada tanto por la acusación particular, que ejerce la familia de Rocío Cortés, como por la defensa del ascensorista, que ejerce el letrado Juan Carlos Alférez, la juez ordenó en mayo tomar declaración como investigado a A.J.F.G. en esta causa, en la que ya se encuentra como investigado F.C.D., el operario de la empresa de ascensores Orona encargada del mantenimiento de los ascensores del Hospital, quien declaró ante la juez el 18 de enero de este año, tras recibir la instructora el oficio del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, y negó "intervención o manipulación" alguna por su parte que provocara el movimiento del elevador.

Recientemente, en concreto a través de un auto de 2 de agosto, la juez instructora acordaba solicitar a dos compañías operadoras de telefonía el registro de llamadas de una veintena de teléfonos entre las 14,28 y las 14,38 horas del citado día, tras la solicitud del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

En concreto, la obtención del tráfico de llamadas entrantes con abonados habidos en el periodo indicado anteriormente en once teléfonos de la centralita y nueve teléfonos correspondientes al control de Enfermería, al celador de Quirófano, ascensorista, al jefe de guardia, el supervisor de Enfermería de la guardia, al encargado de turno de celadores y al Facultativo Especialista de Área (FEA) de Cirugía y dos FEA intensivistas de guardia; librando para ello mandamiento a dos compañías operadoras.

RECLAMACIÓN ANTE EL SAS

De otro lado, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, la familia de la joven fallecida ha presentado durante el mes de agosto una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sin cuantificar la indemnización para el marido y las tres hijas menores de la víctima a la espera del desarrollo de las diligencias de investigación abiertas por vía penal.

Con esta acción se ha pretendido evitar que prescriba el plazo para solicitarla aunque pidiendo suspensión de esta vía administrativa mientras continúa la instrucción penal.

DE NO AMPLIARSE LA INSTRUCCIÓN, "IMPOSIBLE" PRACTICAR ALGUNAS PRUEBAS

Igualmente, la juez instructora, en otro auto de 2 de agosto y notificado a las partes el 4 de septiembre, acordó conceder una nueva ampliación del plazo de instrucción de la presente causa por un periodo de doce meses a contar desde la fecha de expiración del plazo semestral que fue fijado por auto de fecha 12 de febrero de 2018.

En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora recuerda que el Ministerio Fiscal presentó informe en el que solicitaba la concesión de una ampliación extraordinaria del plazo de instrucción dando traslado a las partes, a entre las que ya se encuentra personada la Junta de Andalucía.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) permite, a petición del Ministerio Fiscal o de alguna de las partes personadas, la concesión de un plazo extraordinario de investigación cuando concurrieren razones que lo justifiquen. "Dicho apartado debe ser concebido como una auténtica válvula de escape, que trata de paliar los supuestos en que, no concurriendo causa de complejidad, o por expiración de los plazos ampliados o prórrogas concedidos, la forzada finalización de la fase de investigación pudiera perjudicar a la finalidad perseguida por la

misma; o afectar a los derechos de las partes desde la perspectiva tanto del llamado 'ius ut procedatur', como de las necesidades del derecho de defensa de los sujetos investigados".

En el supuesto de autos se considera que tal situación de concurrencia de circunstancias que justifican la concesión de un segundo plazo extraordinario "sí es apreciable"; toda vez que queda pendiente, además de la declaración del celador este jueves, resolver sobre la solicitud del tráfico de llamadas y el informe pericial a elaborar por la Unidad Central de Criminalística pudiendo resultar de las mismas la necesidad de práctica de nuevas diligencias de instrucción esenciales a tales fines, que de no ampliarse el plazo sería "imposible" practicar, procediendo acordar al propio tiempo el desprencinto del ascensor, solicitado por la Junta, visto las contestaciones de dicha Unidad, peritos de Atisae y de Taxo sobre la no necesidad de nuevo análisis del mismo.

Además de la ampliación de la fase de instrucción, la juez ha acordado recabar de la Dirección del Hospital documentación relativa a las medidas de seguridad referidas al traslado de enfermos por los celadores-camilleros, que deben figurar en el Plan de Seguridad y Salud del Centro Hospitalario, y la documentación relativa a la formación dada en dicha materia al celador investigado.

Por último, tras lo interesado por la Unidad Central de Criminalística y por el Ministerio Fiscal, libra oficio al Hospital y a los responsables de la entidad Orona, o de la entidad Schendler que fue la instaladora del ascensor en el año 1992, para que informe acerca de qué empresa o entidad es la suministradora del hardware/software del dispositivo CPU del ascensor siniestrado.

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