Un informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) de Argentina señala que en el año 2017 se registraron en el país 5.328 casos de tortura y abusos en las cárceles argentinas, que habrían afectado a 1.408 personas.
"Nosotros relevamos estos casos, pero no es la cantidad de casos reales, son muchos más", explicó la directora del departamento de investigación de la PNN, Alcira Daroqui.
La Procuración Penitenciaria, un organismo estatal independiente del poder ejecutivo, presentó este martes el Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT), un informe que se elabora desde hace ya ocho años.
La PPN distingue once tipos de tortura: agresiones físicas, falta o deficiente asistencia de la salud, aislamiento, malas condiciones de detención, falta o deficiente alimentación, amenazas, impedimentos de vinculación familiar, requisa personal vejatoria, robo o daño de pertenencias, y traslados gravosos o traslados constantes.
Hacinamiento
La evolución de la población encarcelada en Argentina ha aumentado desde 2013 de manera pronunciada, lo que ha conducido al hacinamiento de los presos y ha deteriorado la calidad de vida en las cárceles. "En 2017 y 2018, la población ha crecido exponencialmente fruto de una política de Estado que decide retener gente en la cárcel", indicó la coordinadora de la investigación.
Según el texto, se han registrado 886 casos de agresiones físicas, 823 prácticas de aislamiento, 354 amenazas, 188 robos y 137 traslados gravosos, entre otros abusos y comportamientos vejatorios.
Los datos recogidos en el informe han sido recabados por la PPN en diez unidades penales de la provincia de Buenos Aires y en seis unidades penales y una alcaldía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo, se han hallado víctimas en otras 14 cárceles federales, una alcaldía federal, y seis unidades de servicios penitenciarios provinciales de Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan y 3 institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Del mismo modo, también se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, y siete centros cerrados del organismo provincial de niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires.
"Práctica recurrente"
El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura observó en abril de 2017 que la tortura era una "práctica recurrente" en el país sudamericano pero, según Daroqui, "eso no ha impactado en políticas distintas en materia penitenciaria ni en el Gobierno nacional ni en el de la provincia de Buenos Aires".
Por otra parte, el documento revela 971 casos de malos tratos y tortura bajo custodia policial, así como durante el traslado de 218 detenidos.
En este sentido, el informe indica que se "confirma una vez más que la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente".
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